Este documento, cuyo lanzamiento estaba previsto para febrero, es considerado crucial para la restauración ambiental de la selva maya, pero hasta la fecha, permanece inédito.

Esta decisión ha generado indignación entre ambientalistas y defensores de los derechos animales, quienes denuncian que el gobierno federal está ignorando las leyes ambientales y poniendo en riesgo la fauna de la región.