Especialistas evalúan las afectaciones en el ecosistema marino tras el vertido de crudo ocurrido en los litorales nacionales
La delegación de Greenpeace México interpuso una demanda formal en contra de Petróleos Mexicanos debido al masivo vertido de crudo ocurrido en el Golfo de México; por lo tanto, la organización civil exige un castigo ejemplar ante la severa devastación ecológica que ha golpeado a múltiples ecosistemas marinos del país. Los activistas ambientales señalaron que el hidrocarburo derramado afectó gravemente una extensión superior a los 1,100 kilómetros de litoral costero nacional. La querella administrativa busca que las autoridades federales esclarezcan la cadena de mando operativa, analizando detalladamente las decisiones tomadas por el entonces director general de la empresa paraestatal, Víctor Rodríguez Padilla, así como el desempeño de los mandos medios encargados de contener este desastre químico.
Graves omisiones e inacción institucional
El equipo jurídico de la organización civil documentó que existieron negligencias críticas por parte del personal petrolero durante los primeros días de la contingencia; de esta forma, los técnicos corporativos tardaron un periodo de ocho días naturales únicamente para clausurar la válvula principal que alimentaba la fuga de combustible. El retraso operativo facilitó la dispersión acelerada del hidrocarburo hacia las playas; asimismo, el organismo no gubernamental acusó a las autoridades de ocultar de manera deliberada los reportes de daños, mientras que decenas de comunidades costeras de pescadores sufrían los estragos económicos y de salud provocados por la mancha negra.
Exigen reparación del daño ambiental
El recurso legal fue radicado ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. La organización ambientalista sentenció que el daño al ecosistema del Golfo requiere planes de remediación inmediatos financiados en su totalidad por la compañía petrolera mexicana; mientras tanto, los inspectores federales deberán transparentar las bitácoras de mantenimiento de las plataformas marinas involucradas. El proceso jurídico busca sentar un precedente en la industria energética del país; por consiguiente, los representantes civiles advirtieron que mantendrán el monitoreo satelital en las inmediaciones del Golfo para evitar que la contaminación residual continúe destruyendo los arrecifes de coral del área afectada.
