Este amparo se suma a una serie de acciones legales que exigen la presentación de estudios hidrológicos y geológicos, cruciales para evaluar el impacto ambiental de este ambicioso proyecto.
Esta decisión ha generado indignación entre ambientalistas y defensores de los derechos animales, quienes denuncian que el gobierno federal está ignorando las leyes ambientales y poniendo en riesgo la fauna de la región.