El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa inhabilitó a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, por una falta grave durante su gestión.

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno inhabilitó por 15 meses a la empresa Adiam, la cual había recibido un contrato de la Sedena por más de 37 millones de pesos para abastecer colchones a damnificados por el huracán Otis.

Este incumplimiento contribuyó al quebranto financiero que llevó a la imposición de una multa de 78.9 millones de pesos.

Laura Fernández Piña logra una suspensión provisional de aprehensión mientras se enfrenta a acusaciones de corrupción y busca la protección legal.

La inhabilitación de Amador, que le prohíbe desempeñar funciones en el servicio público, se originó a partir de un expediente que lo investigó desde el inicio de la administración de Sheinbaum en 2019. En noviembre de 2021, la Contraloría determinó que las acciones de Amador habían comprometido la transparencia y la correcta ejecución de recursos destinados a la reconstrucción de la capital tras el terremoto, una de las crisis más severas en la historia reciente de la ciudad.

La exalcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, ha sido inhabilitada por un periodo de 20 años por el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, tras ser declarada culpable de abusar de sus funciones durante su gestión, que abarcó de 2016 a 2021.