La inhabilitación de Amador, que le prohíbe desempeñar funciones en el servicio público, se originó a partir de un expediente que lo investigó desde el inicio de la administración de Sheinbaum en 2019. En noviembre de 2021, la Contraloría determinó que las acciones de Amador habían comprometido la transparencia y la correcta ejecución de recursos destinados a la reconstrucción de la capital tras el terremoto, una de las crisis más severas en la historia reciente de la ciudad.