El problema de los deportados se hace visible en campamentos improvisados sobre la avenida Bonampak en Cancún
Cancún, QR. La presidenta de la fundación CISVAC, Marilyn Torres Leal, denunció que cientos de personas repatriadas enfrentan un abandono institucional que las empuja a vivir en situación de calle en Quintana Roo. Al llegar sin recursos financieros, documentos de identidad ni redes de apoyo, los connacionales se ven obligados a pernoctar en parques, playas y campamentos improvisados en zonas como la avenida Bonampak. Por consiguiente, la activista señaló que las autoridades de los tres niveles de gobierno evaden su responsabilidad mediante un constante deslinde de competencias sobre este fenómeno migratorio. Asimismo, la también representante de Derechos Humanos de la Coparmex advirtió que la falta de políticas públicas está transformando una situación humanitaria en un problema de seguridad social que requiere atención urgente.
Obstáculos para la reinserción
La problemática se agrava debido a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) suele confiscar las pertenencias y celulares de los migrantes antes de su expulsión. Al aterrizar en México, la obtención de documentos básicos como el acta de nacimiento o la Clave Única de Registro de Población (CURP) se convierte en un proceso sumamente lento. De esta forma, el problema de los deportados alcanza su punto más crítico ante el Servicio de Administración Tributaria, donde los trámites fiscales impiden que las empresas puedan contratarlos formalmente de inmediato. No obstante, la fundación ha logrado vincular laboralmente a mil 700 personas de las 2 mil 300 atendidas este año, destacando que la mayoría posee un dominio avanzado del idioma inglés.
Falta de refugios temporales
Torres Leal lamentó que programas federales de asistencia no tengan una implementación real en el estado, dejando al sector sin un lugar digno para realizar sus necesidades fisiológicas o alimentarse. La activista ha solicitado formalmente el uso de espacios públicos desaprovechados para instalar albergues temporales de 30 días, sin embargo, sus peticiones no han recibido una respuesta favorable por parte de las autoridades. Mientras tanto, el municipio y el estado argumentan que el problema de los deportados es de índole estrictamente federal, justificando su inacción en la supuesta carencia de recursos presupuestarios para este fin. Por lo tanto, las organizaciones civiles absorbe la carga de elaborar currículums y gestionar apoyos que deben suministrar las instituciones gubernamentales encargadas del bienestar social.
Impacto social y marginación
La situación es aún más desesperanzadora para los extranjeros deportados a territorio mexicano, quienes enfrentan barreras legales insuperables que los condenan a una marginación permanente y sin retorno. La presidenta de CISVAC insistió en que la solución es sencilla y requiere voluntad política para transformar edificios inutilizados en centros de asistencia que eviten la proliferación de campamentos urbanos. En consecuencia, la omisión gubernamental ante el problema de los deportados podría derivar en un incremento de la inseguridad ante la desesperación de quienes solo buscan una oportunidad para trabajar. De esta manera, el llamado a las autoridades es a dejar de ignorar la realidad migratoria y establecer mecanismos de coordinación que dignifiquen el retorno de los paisanos a su país de origen.
