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Édgar Abraham Amador Zamora, nombrado recientemente como secretario de Hacienda y Crédito Público, se encuentra en el centro de la controversia tras revelarse que fue inhabilitado en 2021 por actos de corrupción. La Contraloría de la Ciudad de México, bajo la gestión de Claudia Sheinbaum, le impuso esta sanción debido a irregularidades en el fideicomiso de reconstrucción tras el sismo de 2017, lo que plantea serias dudas sobre su idoneidad para el cargo.

La inhabilitación de Amador, que le prohíbe desempeñar funciones en el servicio público, se originó a partir de un expediente que lo investigó desde el inicio de la administración de Sheinbaum en 2019. En noviembre de 2021, la Contraloría determinó que las acciones de Amador habían comprometido la transparencia y la correcta ejecución de recursos destinados a la reconstrucción de la capital tras el terremoto, una de las crisis más severas en la historia reciente de la ciudad.

A pesar de su historial, Claudia Sheinbaum ha decidido nombrarlo en un momento crítico para la economía mexicana, que enfrenta presiones externas y desafíos internos. La designación de Amador ha generado críticas sobre la falta de escrutinio y el riesgo de perpetuar prácticas corruptas en el ámbito gubernamental. La comunidad política y los ciudadanos observan con atención cómo este nombramiento afectará la lucha contra la corrupción y la recuperación económica del país.

Esta no es la primera vez que Amador ha sido objeto de sanciones; ya había sido reportado en 2020 en un informe que enumeraba a 319 exfuncionarios inhabilitados por corrupción. Su trayectoria incluye un periodo como secretario de Finanzas durante la administración de Miguel Ángel Mancera, donde también enfrentó cuestionamientos por su gestión. La reciente decisión de Sheinbaum de confiarle la hacienda pública sugiere una continuidad en la estrategia de colaboración con figuras polémicas.

En resumen, el nombramiento de Édgar Amador como secretario de Hacienda no solo despierta inquietudes sobre su pasado, sino que también plantea interrogantes sobre la dirección que tomará la política económica del país. La capacidad del nuevo titular para abordar los retos económicos y, al mismo tiempo, mantener la integridad en su gestión será un tema crucial en los próximos meses.

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