La compañía omitió el pago de impuestos en importaciones de combustible equivalentes a 25 pipas, mientras transfería millones a una empresa del yerno de la actual gobernadora de Veracruz.
Pese a la prohibición presidencial, la Segob autorizó nuevos casinos al cierre del sexenio, destapando casos de corrupción que involucran a figuras políticas y sanciones internacionales.