Tras una reunión con el embajador Roberto Lazzeri, el gobierno de Estados Unidos regresó las quejas de México referentes a ICE y demandó respetar la vía diplomática.
La SRE liberó oficios y fichas de cargos que integran la solicitud de extradición de la SRE contra exfuncionarios, acusando violaciones estadounidenses al debido proceso.
La cancillería mexicana reservó los expedientes diplomáticos vinculados a la investigación de Rocha Moya para evitar conflictos internacionales con Estados Unidos.