La nueva Secretaría de la Función Pública, que se transformaría en una entidad antítesis de la corrupción, es liderada por Raquel Buenrostro, cuya capacidad para mantener la objetividad es cuestionada. “Es delicado que el mismo gobierno que se evalúa a sí mismo sea el encargado de calificar su propia transparencia”, advirtió.

Sin embargo, críticos de la medida advierten que esta reestructuración podría socavar la independencia de organismos que desempeñan roles cruciales en la supervisión de áreas como la transparencia y la competencia económica.

Esta decisión, formalizada por la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, marca un cambio en la Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal y ha suscitado un debate sobre la transparencia y la inclusión en el proceso de selección de titulares.