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La reciente propuesta del gobierno mexicano de eliminar varios organismos autónomos ha provocado un intenso debate sobre las implicaciones que esta medida tiene para la democracia y la protección de los derechos humanos en el país. La politóloga y analista política, Lizzy Santoyo, ha expresado su preocupación por la desaparición de estas instituciones, argumentando que su desmantelamiento podría abrir la puerta a la corrupción y la falta de transparencia en la administración pública.
Santoyo señala que los argumentos presentados por el gobierno para justificar esta decisión, tales como la corrupción y el nepotismo, son preocupantes. “Se han señalado irregularidades en instituciones como el INAI, donde se dice que hay familiares de funcionarios trabajando, pero esto no justifica su eliminación”, explicó. La nueva Secretaría de la Función Pública, que se transformaría en una entidad antítesis de la corrupción, es liderada por Raquel Buenrostro, cuya capacidad para mantener la objetividad es cuestionada. “Es delicado que el mismo gobierno que se evalúa a sí mismo sea el encargado de calificar su propia transparencia”, advirtió.
Otro punto crítico es la desaparición de órganos como el IFT y la COFECE, que son esenciales para la regulación de sectores clave bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Si estos organismos desaparecen, nos meteremos en un aprieto en la renegociación del T-MEC, lo que podría afectar gravemente la competitividad del país”, comentó Santoyo. Además, el CONEVAL, encargado de medir la pobreza y el desarrollo social, también se vería afectado, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad del INEGI para realizar este trabajo de manera imparcial.
La historia muestra que la creación de estos órganos autónomos fue el resultado de una lucha política para contrarrestar el autoritarismo del pasado. Santoyo enfatiza que la eliminación de estas instituciones es un retroceso que podría replicar las prácticas del PRI en las décadas de 1970 y 1980, donde el gobierno dictaba la narrativa sin supervisión externa. “El temor es que, al eliminar estas entidades, se cierre la puerta a una verdadera supervisión ciudadana y se imponga un control total sobre la información”, expresó.
En este contexto, la relación entre México y Estados Unidos también se verá afectada. Con la administración de Donald Trump, que ha mostrado una postura agresiva hacia México, el desmantelamiento de los órganos autónomos podría complicar aún más las negociaciones sobre temas críticos como aranceles, migración y tráfico de armas. Santoyo concluyó que “es vital que el gobierno mantenga espacios de diálogo y transparencia, tanto a nivel nacional como internacional, para asegurar un futuro más justo y democrático”.
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