El caso de nepotismo en el Congreso involucra a Ricardo Monreal, quien emplea a su padrastro y lleva a su familia en comitivas oficiales.

Laura Fernández Piña logra una suspensión provisional de aprehensión mientras se enfrenta a acusaciones de corrupción y busca la protección legal.

Transparencia en peligro: Congreso de Quintana Roo modifica Ley de Obras Públicas sin garantías suficientes.

El 7 de marzo de 2025, durante la celebración de la 6ª Convención de Goldwing México en Cancún, los motociclistas expresaron su firme oposición a la propuesta de la Ley Chaleco, que obligaría a todos los motociclistas a portar un chaleco y casco identificados con la placa del vehículo.

La inhabilitación de Amador, que le prohíbe desempeñar funciones en el servicio público, se originó a partir de un expediente que lo investigó desde el inicio de la administración de Sheinbaum en 2019. En noviembre de 2021, la Contraloría determinó que las acciones de Amador habían comprometido la transparencia y la correcta ejecución de recursos destinados a la reconstrucción de la capital tras el terremoto, una de las crisis más severas en la historia reciente de la ciudad.

Este despido se produce en un contexto de creciente preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución, que ha sido objeto de críticas por su falta de resultados en la investigación sobre este desfalco.

Su liberación se produjo tras un fallo del juez de control y juicio oral penal de Nuevo León, que dictaminó que no había pruebas suficientes para mantenerlo tras las rejas.

La exalcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, ha sido inhabilitada por un periodo de 20 años por el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, tras ser declarada culpable de abusar de sus funciones durante su gestión, que abarcó de 2016 a 2021.

Agenda QR En un reciente escándalo de corrupción, la Secretaría

Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno del estado, anunció que la queja presentada por el influencer será canalizada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dado que la regulación de tarifas de taxis no es competencia estatal.