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Modificaciones clave en la legislación

El Congreso del Estado de Quintana Roo ha aprobado una modificación significativa al artículo 40 de la Ley de Obras Públicas, permitiendo que las dependencias y ayuntamientos contraten obras públicas sin necesidad de licitación pública en ciertos casos. Esta reforma, aprobada durante la Sesión Número 20 del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, establece que las adjudicaciones directas podrán realizarse cuando el costo de cada operación no exceda de 791,980 pesos, equivalente a 7,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Objetivo de la reforma

El diputado Hugo Alday Nieto, promotor de la iniciativa, argumentó que el objetivo es crear una Dirección de Planeación en todos los municipios para mejorar la transparencia en el uso de recursos públicos. “Es fundamental evitar la opacidad en los procesos de planeación”, sostuvo Alday, añadiendo que actualmente solo dos de los once municipios, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, han adoptado la actualización catastral digital promovida por la Gobernadora Mara Lezama.

Reacciones y críticas

Sin embargo, esta modificación ha suscitado críticas entre activistas y opositores, quienes advierten que podría abrir la puerta a la corrupción y al uso indebido de recursos públicos. La ausencia de un proceso de licitación podría dar lugar a adjudicaciones arbitrarias, menoscabando la confianza de la ciudadanía en el manejo de obras públicas. La presidenta de la Mesa Directiva, Luz Gabriela Mora Castillo, ha instruido que la iniciativa sea analizada por la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y dictamen posterior.

Cambios en la Ley de Salud

Adicionalmente, el Congreso también discutió la reforma a la Ley de Salud del Estado, que busca garantizar la atención geriátrica como un derecho para las personas adultas mayores. Esta propuesta, presentada por el diputado José María Chacón Chablé, enfatiza la necesidad de un sistema de salud inclusivo y equitativo, en consonancia con la Cuarta Transformación promovida por el gobierno federal.

Perspectivas futuras

La aprobación de estas reformas marca un periodo decisivo para el manejo de recursos públicos en Quintana Roo. A medida que se implementan estas leyes, queda la expectativa de que las autoridades actúen con responsabilidad y transparencia, garantizando que el bienestar de la población sea la prioridad en el uso de fondos públicos.

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