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La presidenta Sheinbaum señaló que investigaciones de la Fiscalía de Campeche derivaron en detenciones ligadas a Alejandro Moreno.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró este jueves que las recientes detenciones de personas cercanas al entorno del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, forman parte de investigaciones locales. Durante su conferencia matutina, la mandataria puntualizó que los procedimientos legales pertenecen de manera exclusiva al trabajo judicial de la Fiscalía de Campeche y no a una estrategia impulsada por la Fiscalía General de la República (FGR).
Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo federal surgieron tras los cuestionamientos sobre la captura de exfuncionarios estatales. De manera contundente, Sheinbaum deslindó a las autoridades federales de estos operativos y enfatizó que el origen de las órdenes de aprehensión radica totalmente en la estructura jurídica del estado.
El pronunciamiento oficial ocurre tras la captura de Carlos Alberto M., quien fungió como vocero durante la gestión gubernamental de Moreno Cárdenas. La Fiscalía Anticorrupción de la entidad ejecutó la detención en el marco de los expedientes que integra la Fiscalía de Campeche. Por lo tanto, el seguimiento institucional del caso recae en las autoridades locales que investigan presuntas irregularidades administrativas.
En consecuencia, el proceso penal avanza mientras el actual líder priista mantiene una intensa confrontación política con diversos sectores oficiales. Sin embargo, el Gobierno de la República insiste en que no interviene en las pesquisas iniciadas por las fiscalías estatales autónomas.
Por otro lado, la presidenta cuestionó con firmeza los recientes viajes que Alejandro Moreno realizó a territorio estadounidense. El dirigente del tricolor acudió a dicho país para interponer denuncias y solicitar el retiro de visas a diversos funcionarios mexicanos, acción que Sheinbaum calificó como desmedida e inusual para un representante político nacional.
Además, la mandataria señaló que la actitud del dirigente refleja una falta de convicción en las instituciones de México. Según la jefa del Ejecutivo, resulta difícil comprender que el representante de un partido acuda ante instancias extranjeras para pedir sanciones contra sus propios compatriotas.
Igualmente, Sheinbaum sostuvo que las acciones internacionales del líder del PRI evidencian un momento crítico para esa fuerza política. A su juicio, el partido atraviesa un periodo de extrema debilidad organizativa y electoral en todo el país.
Por último, la presidenta reiteró que el debate principal gira en torno al respeto institucional. Así, la mandataria reafirmó que la Fiscalía de Campeche continuará con sus labores indagatorias de forma independiente, respetando el marco de la ley estatal vigente.
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El Tribunal de Disciplina Judicial destituyó e inhabilitó a Jonathan Yong Mendoza tras agredir a su pareja y a vecinos en Cancún.
Por Agenda QR
La Segunda Comisión del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado dictó una sentencia histórica al destituir e inhabilitar de todo cargo público a José Luis Jonathan Yong Mendoza. El sancionado ejercía como Juez Penal de Control con Especialización Adicional en Justicia para Adolescentes, adscrito al Juzgado Penal de Playa del Carmen. Las autoridades le revocaron el nombramiento tras comprobarse conductas severas que lesionaron la imagen de la impartición de justicia en Quintana Roo, entidad que forma parte de la Península de Yucatán junto con Campeche y Yucatán.
La magistrada Nelsy Lucely Trejo Puc, titular de la comisión, determinó que el funcionario incurrió en faltas graves al profesionalismo del cargo. Asimismo, la autoridad comprobó que sus acciones dañaron la respetabilidad e imagen institucional del Poder Judicial del Estado, tanto en el ámbito público como en el privado. La resolución concluyó que el juzgador violó abiertamente la Ley Orgánica, el Código de Ética y la Ley de Responsabilidades Administrativas.
En consecuencia, el Tribunal de Disciplina Judicial le aplicó la sanción máxima correspondiente a faltas administrativas. El dictamen contempla la destitución inmediata de la plaza e inhabilitación temporal por un año para desempeñar cargos públicos. Igualmente, el sancionado quedó impedido para participar en licitaciones, adquisiciones, arrendamientos o contratación de obra pública en la entidad.
El procedimiento disciplinario derivó de los acontecimientos ocurridos la madrugada del 24 de diciembre de 2025 frente a su domicilio, ubicado en el residencial Palmaris de Cancún. En el sitio, el ahora exjuez golpeó y amenazó con un arma de fuego a su pareja sentimental. Por si fuera poco, amedrentó con la misma pistola a un guardia de seguridad y a vecinos que presenciaron la agresión.
Tras la denuncia penal por violencia familiar y una queja anónima recibida en el órgano colegiado, las investigaciones concluyeron formalmente en abril. La indagatoria confirmó que el exservidor omitió su deber como garante de la paz y la legalidad. Aunque el implicado argumentó que los hechos eran un montaje mediático y mostró el retiro de cargos por parte de la víctima, las evidencias testimoniales y los reportes policiales acreditaron plenamente las amenazas con el arma de fuego.
La comisión del Tribunal de Disciplina Judicial consideró que existió una incompatibilidad absoluta entre el uso de la violencia y la función de impartir justicia. Por lo tanto, el pasado 3 de agosto se pronunció la resolución y se notificó al Órgano de Administración Judicial para formalizar la baja. Posteriormente, el 5 de agosto, la Dirección de Recursos Humanos ejecutó la destitución y el Congreso del Estado tomó conocimiento oficial del dictamen durante la sesión de la Comisión Permanente.
Resulta relevante señalar que Jonathan Yong Mendoza ya enfrentaba antecedentes controvertidos en el servicio público. En 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó sus cuentas bancarias por presuntos nexos con la red de lavado de dinero atribuida a la denominada mafia rumana. A pesar de estos señalamientos, el exfuncionario se desempeñó como Oficial Mayor en Puerto Morelos y resultó favorecido en la elección judicial de 2025, cargo que finalmente perdió de forma definitiva por sus actos violentos.
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