El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a casi 50 objetivos, incluyendo a líderes y operadores financieros del Cártel de Sinaloa.

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El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó formalmente a cerca de cincuenta objetivos vinculados directamente con el Cártel de Sinaloa. Esta nueva acción punitiva gubernamental incluye a veintiuna personas físicas y veinticinco entidades comerciales. Entre los señalados destacan Ismael Zambada Sicairos, conocido comúnmente como “Mayito Flaco”, integrantes de su círculo más cercano, líderes de células operativas en la zona fronteriza, blanqueadores de capitales y diversos actores políticos presuntamente involucrados en redes de corrupción que facilitan las operaciones ilícitas de la organización criminal.

Los liderazgos y la cúpula operativa de Los Mayos

Durante el anuncio oficial, las autoridades estadounidenses señalaron que la captura previa de Ismael Zambada García desencadenó una disputa interna por el control territorial entre las facciones principales del grupo delictivo. En este contexto, Ismael Zambada Sicairos asumió el mando indiscutible de la facción de Los Mayos. Para consolidar sus operaciones de tráfico de drogas, homicidios, extorsiones y secuestros, el líder criminal se apoya en un grupo de asesores de su entera confianza. Entre ellos figuran operadores clave encargados de la administración de negocios hoteleros y de la seguridad personal dentro de la región noroeste de México.

Redes de blanqueo de capitales y control de plazas

Por otra parte, el informe detalló las estructuras financieras utilizadas por la organización para canalizar recursos ilícitos hacia territorio estadounidense y viceversa. Las autoridades centraron parte de sus esfuerzos en desarticular redes de lavado de dinero operadas mediante casas de cambio y empresas fachadas ubicadas en ciudades fronterizas estratégicas como Tijuana y Mexicali. Asimismo, la administración norteamericana apuntó contra la presunta colusión de exfuncionarios públicos y operadores políticos locales que brindaban protección institucional a las células delictivas a cambio de sobornos periódicos, permitiéndoles operar con impunidad en la región.

Implicaciones legales y congelamiento de activos

Como consecuencia directa de estas medidas punitivas, todos los bienes, propiedades y titularidades financieras pertenecientes a los individuos y entidades designados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense o en posesión de ciudadanos de ese país quedan bloqueados de inmediato. La normativa prohíbe estrictamente realizar cualquier transacción comercial o financiera con los sancionados. Con estas acciones coordinadas, el gobierno de los Estados Unidos busca debilitar financiera y operativamente las capacidades logísticas del crimen organizado transnacional.

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