El Observatorio Legislativo de Quintana Roo critica un acuerdo de la Fiscalía que permite la conciliación en delitos cometidos desde el poder. Considera que estos delitos deben ser tratados con seriedad y no mediante mediaciones, para evitar la impunidad y asegurar la justicia.
El gobierno formaliza la desaparición del INAI, transfiriendo funciones a Transparencia para el Pueblo, lo que genera preocupaciones sobre la transparencia.
Los detenidos, que incluyen a altos funcionarios de su administración, se enfrentan a investigaciones por un presunto desvío de 5,186 millones de pesos que deberían haberse destinado a la construcción de cuarteles de la Guardia Civil en diversas localidades del estado.
Este despido se produce en un contexto de creciente preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución, que ha sido objeto de críticas por su falta de resultados en la investigación sobre este desfalco.