El crecimiento desmedido del número de viviendas destinadas para rentas vacacionales ya perjudica a los quintanarroenses, sin que exista una regulación adecuada de esta modalidad, porque la legislación local ya fue rebasada, advirtió David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, quien señaló que pronto su sector le solicitará a la gobernadora mesas de trabajo para analizar esta situación con los municipios.

El hotelero destacó que el turismo representa el 9% de la riqueza que genera el país, la mitad de la cual se crea en Quintana Roo. Como fuente de empleo, es un tema demasiado importante para sujeto a vaivenes políticos o a ocurrencias del momento.

“De ser aprobado, (esta reforma) generaría daños irreversibles al turismo, al empleo y la economía”, aseveró, “además de poner en desventaja a la industria hotelera local frente a sus competidores extranjeros”.

En entrevista, el líder del sector destacó que este aeropuerto ya rebasó expectativas en su inicio, con varios vuelos nacionales, incluido una conexión con Tijuana tres veces por semana, muy relevante por no contar antes con gran conectividad con esa ciudad, que es potencial fuente de turistas del sur de California.

La reactivación de la promoción turística y una estrategia nacional

A pesar de contar con un stand del Tren Maya dentro del pabellón de México, este proyecto no termina de entrar en la mente del turista, a diferencia del nuevo aeropuerto de Tulum, del cual ya comenzaron a pedir información sobre su conectividad.

En entrevista desde esta feria británica, en la que participa dentro del pabellón de México, David Ortiz Mena destacó que autoridades del Gobierno del Estado de Quintana Roo ya mantienen los acercamientos para que esta entidad sea sumada a la Guía Michelin.

El objetivo de la reunión fue la de identificar las oportunidades para impulsar nuevas inversiones incluyentes y participativas.

AgendaQR David Ortiz Mena, el Vicepresidente del Consejo Hotelero del

stos acuerdos incluyeron la colocación de 8 mil 600 metros de barrera, utilización de embarcaciones, maquinaria especializada, entre otras cosas, a un costo de 244 millones de pesos. De los cuales, 116 millones provinieron del derecho de Zofemat, 77 millones del Gobierno del Estado y 50 millones de la Secretaría de la Marina, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente estatal.