El exgobernador de Quintana Roo abandona el penal federal de Morelos tras ser absuelto del delito de delincuencia organizada y continuará su proceso bajo resguardo domiciliario

Por Agenda QR.- El panorama judicial de Quintana Roo registra un viraje significativo en uno de los casos de presunta corrupción pública más emblemáticos de la última década. El exgobernador del estado, Roberto Borge Angulo, abandonó las instalaciones del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en el estado de Morelos. La salida del exmandatario se efectuó luego de permanecer nueve años privado de la libertad en el sistema penitenciario federal. A partir de esta resolución, el político continuará bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria el proceso penal que todavía enfrenta ante la justicia mexicana.

Modificación de medidas cautelares y absolución penal

La excarcelación del exjefe del Ejecutivo estatal fue posible debido a una resolución emitida el pasado mes de mayo. En dicha fecha, un juez federal absolvió formalmente a Borge Angulo del delito de delincuencia organizada. Por consiguiente, el cargo penal por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como lavado de dinero, permanece como el único expediente vigente en su contra. Para acceder a este cambio de reclusión, la autoridad judicial le impuso restricciones estrictas de movilidad. Entre las disposiciones obligatorias destaca la portación permanente de un brazalete de localización electrónica para garantizar su permanencia en el domicilio asignado.

Origen del caso y el expediente de los bienes estatales

El historial procesal del exgobernador inició en junio de 2017. En ese momento, las autoridades internacionales lo detuvieron en Panamá cuando pretendía abordar un vuelo comercial con destino a Francia. Posteriormente, el gobierno panameño procedió con su extradición a México en enero de 2018 para dar cumplimiento a los requerimientos de los tribunales federales. Las acusaciones penales se derivan de presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión constitucional al frente del Gobierno de Quintana Roo en el periodo de 2011 a 2016. La principal línea de investigación ministerial de la Fiscalía General de la República (FGE) se concentra en la venta irregular de 25 inmuebles del patrimonio estatal, cuyo valor comercial se estimó en cerca de cinco mil millones de pesos.

Antecedentes del beneficio de resguardo y estatus legal

La sustitución de la prisión preventiva justificada por el resguardo domiciliario ya contaba con un antecedente jurídico dictado en el año 2023. En ese periodo, un juzgador federal autorizó el beneficio procesal bajo la condición de cubrir una garantía económica equivalente a 10 millones de pesos. Sin embargo, la ejecución material de la medida cautelar quedó suspendida debido a la vigencia del proceso por delincuencia organizada. Una vez obtenida la absolución de ese delito grave en mayo, los litigantes lograron reactivar el derecho de traslado. De este modo, el exmandatario estatal enfrentará las etapas procesales finales de la causa económica fuera de los centros de reclusión federales.