El reporte de Causa en Común revela metodologías dudosas para ocultar la verdadera incidencia criminal en México
Ciudad de México. La organización civil Causa en Común detectó múltiples inconsistencias en los registros de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Ciudad de México el 13 de agosto de 2026. Por consiguiente, el estudio semestral reveló que diez delitos de alto impacto presentan irregularidades estadísticas graves que impiden considerar las reducciones gubernamentales como avances reales en materia de seguridad pública.
📢 COMUNICADO
— Causa en Común (@causaencomun) August 13, 2026
CAUSA EN COMÚN IDENTIFICA ANOMALÍAS EN LAS CIFRAS OFICIALES DE DELITOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2026
➡️ Los datos de las fiscalías y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre diez delitos de alto impacto indican diversos tipos de… pic.twitter.com/DiZVJi2AxM
Anomalías en cifras estatales
El análisis comparativo evidenció variaciones estadísticas atípicas superiores al 50% en diversas regiones del país, donde entidades como Nayarit reportaron bajas del 82% en feminicidios mientras Zacatecas subió 600%. Asimismo, la organización detectó que estados como Chihuahua incrementaron la extorsión en un 2,325%, evidenciando fallas sistémicas que sirven para ocultar la verdadera incidencia criminal.
Estrategias de manipulación estadística
Los investigadores identificaron el uso de reclasificaciones dudosas y subregistros intencionados que alteran el indicador de criminalidad en crímenes de alto impacto como el homicidio doloso, el secuestro y la trata de personas. Un ejemplo crítico ocurrió en Puebla, donde el gobierno documentó cinco feminicidios frente a 15 casos independientes con crueldad extrema; por lo tanto, estas prácticas buscan deliberadamente ocultar la verdadera incidencia criminal.
Reclasificación de delitos graves
La opacidad institucional se agrava mediante la distorsión de categorías penales, como sucede en la Ciudad de México al reportarse cinco secuestros frente a 1,735 delitos catalogados vagamente como otras afectaciones a la libertad. Por esta razón, el organismo civil urgió a aplicar auditorías independientes permanentes y modernizar los sistemas de denuncia digital para evitar que los discursos oficiales sigan intentando ocultar la verdadera incidencia criminal.








