Mediante un video difundido en redes sociales, la dirigente estatal informó que el Comité Ejecutivo Estatal decidió no convocar a sesión extraordinaria para renovar los cargos de este órgano interno, tal como lo solicitaba su homólogo a nivel nacional.

La decisión fue respaldada por 52 consejeros estatales, quienes apoyaron su reelección ante la ausencia de competidores, dado que solo se registró una planilla, lo que ha generado críticas sobre la falta de competencia y transparencia en el proceso interno del partido.

En entrevista realizada en el Palacio Municipal, hasta donde acudieron los estudiantes de dicho centro para realizar la tradicional “enramada navideña”, Arjona Arguelles señaló que, lamentablemente, en el municipio aún predomina el rechazo hacia este sector de la sociedad.

Lo anterior ocurrió esta tarde en la II sesión extraordinaria del Consejo Estatal del PAN, celebrada en la cabecera municipal, a la que asistieron además Itzel Arrellano, delegada del Comité Ejecutivo Nacional; Cristian Rodrigo Pérez, presidente interino del Comité Directivo Estatal e integrantes de la Comisión Estatal de Procesos Electorales (CEPE) del PAN en Quintana Roo.

Este evento especial se desarrolló en el marco del Festival Áak’ab k’ay en la Casa de la Crónica, donde diversos artistas presentaron sus recitales de música, y en particular de jarana.

Roman Caamal, un líder comunitario, expresó que la situación ha dejado a cientos de familias sin acceso a la electricidad durante días, lo que a su vez ha afectado el suministro de agua potable, administrado por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA).

Desde el 8 de noviembre, los ejidatarios han cerrado el acceso al camino de Vigía Chico, en un esfuerzo por reclamar sus derechos sobre el terreno ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con quien mantienen un conflicto por la titularidad.

Este operativo surge como respuesta a los escurrimientos que, provenientes de las zonas altas del vecino estado de Campeche, han afectado gravemente a las familias locales, dañando sus viviendas y generando una crisis humanitaria.

Guillermo Dchristy, fundador de la agrupación, argumentó que su experiencia documentando la devastación provocada por obras federales en la región debe ser considerada en el desarrollo del plan, previsto para ser finalizado en febrero de 2025.

Las acusaciones incluyen detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y amenazas a ciudadanos que supuestamente se han manifestado en contra de la actuación policial.