Durante el recorrido, expuso que uno de sus proyectos es el reforzamiento de la seguridad con cámaras de última tecnología, la instalación de arcos y casetas de seguridad bien equipadas, aunado a incrementar la capacitación a elementos policiacos.
Sin embargo, del nuevo aeropuerto hasta la ciudad de Felipe Carrillo Puerto siguen sin tener cobertura, en un área considerada como la “zona del silencio” y que representa un riesgo para las personas que circulan por esa vía, ante una emergencia.
De acuerdo con documentos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la inversión superaría los 500 millones de pesos. Tras obtener los permisos ambientales, las obras iniciarían en 2023 para concluir tres años después.
Francisco García, trabajador de la estación en Bacalar, señaló que les informaron que ya no hay prisa por concluir la obra. El líder sindical Antonio González corroboró la escasez de contratos para horas extras.
En el lugar estaba también César García Lagunas, abogado defensor de unas familias que denunciaron que el pasado 7 de febrero fueron agredidas por elementos policíacos durante un desalojo, en estas colonias irregulares.
Las autoridades defienden que se trata de una obra sin precedentes que busca preservar el medio ambiente. No obstante, los retrasos constantes han generado críticas de quienes cuestionan la planeación y ejecución del proyecto.
Este fallo es relevante dado el tamaño e impacto que tendrá la obra en las comunidades aledañas. Los activistas aplaudieron la decisión, pues aseguran que es necesario contar con información clara y veraz para vigilar que los megaproyectos respeten el medioambiente.