Negocian con Vulcan para suspender de forma definitiva la extracción de piedra caliza dentro del área protegida en Quintana Roo.
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El gobierno federal mantiene mesas de trabajo activas con la empresa estadounidense Vulcan Materials para resolver el conflicto derivado de las actividades mineras en la Riviera Maya. Por lo tanto, la administración de la presidenta de México impulsa una salida negociada que evite la reactivación de los trabajos de extracción dentro de los terrenos costeros. La meta principal de esta estrategia consiste en asegurar que la compañía de capital extranjero respete las delimitaciones territoriales vigentes. El Estado mexicano determinó salvaguardar la biodiversidad de la zona mediante un decreto oficial que estableció una nueva área protegida en Quintana Roo.
Restricciones estrictas para la actividad minera
Durante la conferencia de prensa celebrada este lunes 29 de junio en Palacio Nacional, la mandataria mexicana detalló las condiciones esenciales de las conversaciones bilaterales. Específicamente, el acuerdo estipula que la transnacional deberá suspender por completo y de manera permanente la remoción de material pétreo en el polígono protegido. Las autoridades federales argumentan que cualquier labor extractiva futura tendría que mudarse hacia otra región del territorio nacional que sea ambientalmente factible. De igual manera, se exigirá que los volúmenes de producción solicitados en el nuevo destino se reduzcan drásticamente en comparación con el esquema original.
Evaluación sobre el uso del puerto Punta Venado
Por un lado, el estatus jurídico de la infraestructura marítima de altura representa uno de los puntos más complejos dentro de las mesas de negociación actuales. “En este momento está cerrado el puerto, es una concesión que le dio el Estado mexicano a Vulcan de todo el puerto”, expuso la titular del Ejecutivo. Debido a las dimensiones estratégicas de este muelle, el gobierno estudia si es viable modificar los lineamientos operativos de la concesión vigente. El objetivo central de este cambio es diversificar el puerto para albergar actividades logísticas alternativas que no involucren el traslado de piedra caliza.
Remediación de daños dentro del área protegida en Quintana Roo
Por otro lado, la propuesta del gobierno mexicano obliga a la corporación minera a financiar en su totalidad un programa integral de restauración. Ciertamente, las excavaciones a cielo abierto realizadas durante décadas por la filial Calica generaron un impacto severo en los ecosistemas locales de la Riviera Maya. Por ello, la empresa norteamericana deberá asumir los costos económicos correspondientes a las obras de mitigación y regeneración de los mantos acuíferos dañados. Cualquier convenio definitivo que logren firmar las partes involucradas se presentará públicamente ante la ciudadanía, garantizando el respeto irrestricto al área protegida en Quintana Roo.
Alternativa judicial ante el arbitraje internacional
Actualmente, un panel de expertos internacionales revisa una demanda multimillonaria interpuesta por la compañía privada contra el Estado bajo las normas del tratado comercial. Sin embargo, diversos organismos gubernamentales coordinan esfuerzos de manera conjunta para priorizar el diálogo constructivo antes de que los juzgadores emitan un veredicto definitivo. “Si se llega a un acuerdo, ahí están trabajando varias áreas del gobierno para ver si es factible, si no, pues seguiría el arbitraje hasta la solución final”, concluyó la mandataria. El gobierno federal mantendrá su postura de priorizar el equilibrio ecológico por encima de los intereses comerciales particulares.
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