“El impacto socioeconómico de estas deportaciones será significativo y requerirá medidas inmediatas para asegurar su reintegración social y laboral”, advirtió. Además, mencionó que la falta de servicios básicos como salud, educación y vivienda digna complican aún más la situación de quienes regresan.
Este alarmante dato no solo pone de manifiesto la creciente crisis de violencia de género en la región, sino que también subraya la ineficacia de las políticas públicas para abordar este grave problema.