Esta medida busca eliminar los obstáculos, llamadas interminables y trámites complejos que actualmente dificultan a los usuarios revocar sus servicios de plataformas digitales
Ciudad de México. El Pleno del Senado de la República aprobó con una votación de 91 votos a favor la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), previamente avalada por la Cámara de Diputados, que representa un avance significativo en los derechos digitales de los consumidores mexicanos. La reforma tiene como objetivo simplificar y agilizar la cancelación de servicios proporcionados por plataformas digitales, empresas de telefonía y otros proveedores de suscripciones y membresías.
Mecanismos Inmediatos y Sin Trámites
El cambio legal obliga a los proveedores a implementar mecanismos efectivos que permitan a los usuarios dar de baja sus servicios de manera inmediata. El texto de la reforma establece claramente:
“El proveedor deberá implementar mecanismos que, sin contravenir a las disposiciones contractuales, permita a la persona consumidora cancelar el servicio, suscripción o membresía de manera inmediata”.
Esta medida busca eliminar los obstáculos, llamadas interminables y trámites complejos que actualmente dificultan a los usuarios revocar sus servicios.
Transparencia en Cobros y Renovaciones
La legislación también introduce medidas de transparencia en dos aspectos clave:
- Ajustes de Tarifas: Los cobros derivados de aumentos o ajustes en las tarifas de los servicios “requerirán consentimiento expreso e informado de la persona consumidora”.
- Renovación Automática: En los casos donde proceda la renovación automática, el proveedor tendrá la obligación de notificar al usuario con al menos cinco dıˊas naturales de anticipación, permitiendo la cancelación sin ninguna penalización.
Subsana Deuda con el Consumidor
Los senadores argumentaron que esta reforma, impulsada por el diputado Ricardo Monreal, subsana una omisión legal histórica que ha generado reclamaciones frecuentes ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Las principales quejas radicaban en:
- La falta de transparencia en la renovación de servicios.
- La dificultad para cancelar suscripciones.
- La imposibilidad de revocar la autorización de pago.
Con la aprobación en el Senado, el dictamen ha sido turnado al Ejecutivo Federal para su promulgación y entrada en vigor, fortaleciendo la posición del consumidor en el entorno tecnológico y equilibrando las relaciones de consumo.
