Gobierno destapa la red de corrupción en el INE encabezada por los hermanos Hernández Casillas desde hace varias décadas.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno destapó un esquema ilícito al interior del organismo electoral. Las autoridades federales confirmaron que la red de corrupción en el INE operó mediante la simulación de competencia en contrataciones públicas.
Origen histórico de la red de corrupción en el INE
La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó los avances de las pesquisas oficiales. Explicó que los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas tejieron esta estructura desde hace décadas. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las irregularidades comenzaron hace 27 años.
Modus operandi y facturación ilícita
El grupo empresarial utilizó empresas fachada para simular competencia real en las licitaciones públicas. Asimismo, obtuvieron contratos millonarios sin contar con la capacidad operativa ni la infraestructura necesaria. Las autoridades señalaron que la red de corrupción en el INE facilitó el lavado de dinero mediante factureras. Además, usaron a personas vulnerables como prestanombres para ocultar a los beneficiarios finales.
Trayectoria de los implicados y montos asignados
Los hermanos Hernández Casillas iniciaron su trayectoria pública en el Registro Nacional de Población durante los años ochenta. Posteriormente, constituyeron empresas como Cartonera Plástica y comenzaron a proveer material a institutos locales. Durante la gestión de Lorenzo Córdova, los empresarios obtuvieron asignaciones por más de 2,094 millones de pesos. Entre 2024 y 2025 recibieron 646 millones de pesos adicionales.
Investigaciones en curso y congelamiento de cuentas
Las autoridades continúan con los procedimientos para sancionar a los responsables de estos actos. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de los involucrados tras la solicitud de la Auditoría Superior. La mandataria federal exigió transparentar de manera completa todas las adquisiciones de papelería electoral. En consecuencia, el gobierno busca erradicar las deficiencias de supervisión en los procesos de compra.
Por consiguiente, la investigación salpica a diversos exfuncionarios y políticos de administraciones pasadas. Entre los nombres señalados destacan exconsejeros electorales y antiguos titulares de secretarías estatales. Por lo tanto, las pesquisas seguirán su curso legal para deslindar responsabilidades penales e administrativas.
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