El Departamento de Estado retiene fondos de planificación familiar aprobados por el Congreso, recorta ayudas a países vulnerables y nutre un fondo corporativo estadounidense.
Por Agenda QR. -El Gobierno de Donald Trump planea reasignar o retener casi la totalidad de los 607,5 millones de dólares que el Congreso estadounidense aprobó este año para ayuda internacional en planificación familiar. Documentos presupuestarios internos del Departamento de Estado y un memorando dirigido a legisladores detallan esta profunda reestructuración del gasto exterior para el ejercicio fiscal 2026.
Paralelamente, la administración federal proyecta transferir 888 millones de dólares de salud global hacia un fondo de innovación que beneficia directamente a empresas estadounidenses de ciencia, tecnología y medicina. Esta expansión corporativa contrasta con un recorte superior a 1.600 millones de dólares en asistencia sanitaria directa para naciones de ingresos bajos y medios, según un análisis conjunto de las organizaciones Public Citizen, Partners In Health (PIH) y Population Action International (PAI).
Desvío hacia seguridad energética y retención de recursos
Un memorando firmado en septiembre por el secretario de Estado, Marco Rubio, autorizó el desvío de hasta 125 millones de dólares de ayuda exterior hacia “necesidades de seguridad energética”. Más de 48 millones de dólares de esa partida provienen de programas de planificación familiar, mientras el resto afectó iniciativas de paz entre israelíes y palestinos y asistencia a víctimas civiles. Rubio invocó una ley de crisis imprevistas para respaldar a socios afectados por perturbaciones petroleras derivadas de las guerras en Irán y Ucrania, señalando presiones de Rusia, China e Irán.
Adicionalmente, el Departamento de Estado redirigió 32 millones de dólares del Fondo de Población de las Naciones Unidas hacia otros rubros sanitarios. Otros 524 millones de dólares destinados a salud reproductiva permanecen paralizados bajo la etiqueta de “fondos pendientes de programación”, sin justificación oficial. Según estimaciones del Instituto Guttmacher, la inversión estadounidense en este rubro evitó 34.000 muertes maternas durante el año fiscal 2024.
Recortes drásticos y conflicto constitucional con el Congreso
El análisis de Public Citizen, PIH y PAI demuestra reducciones severas respecto a los niveles de financiamiento de 2024. Sudáfrica, Tanzania y Zimbabue perdieron más de 100 millones de dólares cada uno en programas médicos. Asimismo, ocho naciones —Afganistán, República Centroafricana, Gambia, Sudáfrica, Somalia, Sudán, Timor Oriental y Yemen— vieron reducida a cero su asistencia sanitaria bilateral.
Legisladores y defensores de derechos acusan al Ejecutivo de usurpar las facultades constitucionales del Congreso sobre el gasto público. La congresista demócrata Lois Frankel calificó la retención de fondos como “vergonzosa y peligrosa”. Por su parte, Vincent Lin, director asociado de políticas en PIH, sostuvo que el Ejecutivo incumple flagrantemente las leyes de asignación vigentes al desviar recursos públicos hacia empresas privadas con fines de lucro.
Opacidad en el fondo de innovación “America First”
El fondo de innovación en salud global creció de 60 millones de dólares en 2025 a 888 millones en 2026 bajo la Estrategia de Salud Mundial “America First”. Aunque la Casa Blanca argumenta que busca fomentar la autosuficiencia sanitaria de los países receptores, Peter Maybarduk, directivo de Public Citizen, advirtió que el gobierno retira recursos a naciones y organizaciones civiles para entregarlos a grandes corporaciones.
El informe denuncia opacidad en los criterios de contratación y un aumento de adjudicaciones directas sin licitación. Aunque el Departamento de Estado evitó detallar sus procesos de selección, anunció recientemente acuerdos con firmas como Zipline, Gilead Sciences y SC Johnson. Mientras tanto, un portavoz oficial defendió las medidas asegurando que evalúan el gasto exterior dentro de sus facultades legales para atender crisis globales y fomentar soluciones rentables.
