El incidente violento ocurrido el pasado 29 de junio en el desarrollo Park Life Paradox de la Ciudad de México motivó la apertura de una indagatoria penal independiente
Ciudad de México. Una recepcionista de un complejo de hospedaje en la capital del país sufrió violencia física y verbal por parte de un individuo el pasado 29 de junio; por lo tanto, las cámaras de seguridad del establecimiento capturaron el ataque de forma íntegra. El presunto agresor, identificado como Jorge Octavio Cortez Jiménez, causó destrozos en el mobiliario de la recepción antes de arremeter físicamente contra la empleada de mostrador del hotel Park Life Paradox. Tras la viralización del video en plataformas digitales, el caso tomó un rumbo de gran relevancia pública al revelarse el historial de negocios del señalado en el norte de México.
Antecedentes de fraude habitacional
El presunto atacante es un empresario originario de Sinaloa que actualmente acumula serios problemas legales debido a la operación de su firma Universal Inmobiliaria de Torres Triana. Desde el año 2022, un aproximado de 70 familias han interpuesto diversas denuncias formales tras haber entregado terrenos valiosos a cambio de departamentos prometidos que jamás les fueron otorgados. Los afectados sostienen que la compañía evadió de forma sistemática los compromisos contractuales establecidos. Asimismo, los representantes legales de las víctimas detectaron múltiples inconsistencias y movimientos irregulares dentro del Registro Público de la Propiedad en relación con los predios cedidos.
Investigaciones ministeriales en curso
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abiertas carpetas de investigación para esclarecer el destino del patrimonio de las familias estafadas, quienes siguen cotejando expedientes financieros. Mientras tanto, las autoridades ministeriales de la Ciudad de México indagan paralelamente los hechos violentos perpetrados contra la trabajadora de la industria turística en la alcaldía correspondiente. El panorama jurídico del empresario sinaloense se complica progresivamente ante la acumulación de ambas carpetas de investigación en distintas entidades federativas. Las víctimas de las dos agresiones exigen a los tribunales competentes la aplicación inmediata de sanciones penales para garantizar la reparación del daño provocado.
