La fiscalía federal asume las pesquisas sobre 5.9 millones de litros de hidrocarburo ante inconsistencias en su procedencia y destino legal.
Por Agenda QR. -La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atraer formalmente las indagatorias sobre un decomiso masivo de hidrocarburo en Guanajuato. La medida ministerial busca esclarecer la posesión, trazabilidad y destino de 5.9 millones de litros de combustible asegurados en territorio estatal. Por consiguiente, el Ministerio Público de la Federación asumirá el control total de las evidencias y testimonios recopilados.
Las autoridades centrales adoptaron la determinación tras detectar que diversas empresas involucradas no han acreditado la procedencia legal del producto. Además, los peritajes iniciales arrojaron discrepancias técnicas entre los volúmenes almacenados y las facturas fiscales presentadas. De este modo, la federación busca desmantelar posibles redes corporativas vinculadas al mercado ilícito de energéticos.
Inconsistencias documentales y competencia federal
En consecuencia, los agentes ministeriales adscritos a la FEMDO revisarán los permisos de importación, distribución y manejo ambiental de los consorcios bajo sospecha. Las investigaciones preliminares revelaron vacíos operativos en las bitácoras de transporte y almacenamiento en estaciones regionales. Asimismo, el organismo fiscalizador rastreará las transferencias financieras ligadas a la compraventa mayorista del carburante.
Por su parte, la intervención de la fiscalía especializada responde a la presunta participación de esquemas de delincuencia organizada en la cadena logística. Las autoridades federales sostienen que el trasiego a gran escala requiere de complicidades logísticas y financieras transfronterizas. Por lo tanto, el caso trasciende la competencia de las instancias de procuración de justicia del fuero común.
Estrategia nacional contra el mercado ilícito de hidrocarburos
Sin embargo, el aseguramiento representa uno de los golpes logísticos más significativos contra el comercio irregular de combustibles en la región del Bajío. Gabinetes de seguridad federal intensifican las inspecciones fiscales sobre parques industriales y terminales de almacenamiento privado. Por esta razón, inspectores de energía y de seguridad continuarán verificando la legalidad de cargamentos en carreteras estatales.
Actualmente, peritos en química y contabilidad forense resguardan las instalaciones para cuantificar con exactitud el valor de mercado del producto inmovilizado. En conclusión, la FGR mantendrá abiertas las diligencias para imputar responsabilidades penales contra representantes legales y directivos implicados.
