El desmantelamiento del INE deja al descubierto graves denuncias de acoso laboral a una empleada que derivaron en un aborto.
La Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en el centro de una severa controversia administrativa y de derechos humanos. Una denuncia interpuesta ante el Órgano Interno de Control (OIC) revela una secuela de presiones laborales, despidos injustificados y arbitrariedades que apuntan directamente a la administración de Guadalupe Taddei Zavala, afectando gravemente la integridad de su personal de carrera.
Hostigamiento laboral en la Unidad Técnica
De acuerdo con la ampliación de la demanda presentada por la exfuncionaria Juana Isela Villalba Gutiérrez, la estructura operativa de dicha unidad fue sustituida sistemáticamente para colocar a perfiles afines a la presidencia del órgano electoral. La denunciante, quien se desempeñaba como enlace administrativo, fue objeto de presiones constantes para concretar su despido. Esta situación ocurrió a pesar de contar con licencias médicas oficiales y un diagnóstico certificado de embarazo de alto riesgo.
El punto crítico de este acoso aconteció el pasado 29 de septiembre de 2026. Durante esa jornada, la trabajadora fue sometida a una diligencia administrativa que se extendió por más de cuatro horas continuas. En ese lapso, las autoridades del organismo le negaron el acceso a alimentos y agua. Dos días después de este evento violento, la afectada sufrió complicaciones médicas severas que resultaron en la pérdida gestacional de su hijo.
Consecuencias del desmantelamiento del INE en el área de género
Este escenario expone las severas implicaciones del desmantelamiento del INE dentro de un área encargada fundamentalmente de velar por la equidad institucional. La víctima señaló expresamente que los mandos superiores le exigieron su salida bajo el argumento de que pertenecía al equipo directivo saliente. Por consiguiente, fue despojada de sus funciones sin respetar sus derechos laborales básicos ni brindarle la liquidación correspondiente por ley.
Ante la gravedad del asunto, la exfuncionaria solicitó formalmente al Órgano Interno de Control una evaluación pericial especializada. El objetivo es determinar el impacto directo que el estrés laboral y la violencia institucional tuvieron en el deterioro de su salud obstétrica. La investigación sigue su curso bajo el expediente INE/OIC/INV/244/2026.
Las irregularidades detrás del desmantelamiento del INE
El proceso de restructuración arbitraria no se limitó a un caso aislado dentro de la dependencia. Las investigaciones confirman que el desmantelamiento del INE comenzó desde mayo de 2026, afectando a siete de los nueve integrantes de la estructura operativa de la unidad género. Este departamento, fundado hace una década, cuenta con una asignación presupuestal de 36.5 millones de pesos anuales, recursos que ahora son operados por personal improvisado.
Por lo tanto, la remoción de personal experimentado afectó las tres subdirecciones clave, diversas jefaturas de departamento y el área de enlace financiero. La falta de transparencia en la ocupación de estas plazas vacantes demuestra cómo se desvirtuaron los mecanismos institucionales para favorecer intereses de grupo sobre la profesionalización del servicio público.
Exigen justicia y peritajes médicos tras presiones
Por su parte, diversas voces internas han expresado su preocupación por el rumbo que ha tomado la institución encargada de la democracia nacional. El hostigamiento contra trabajadoras con incapacidad médica legalmente respaldada sienta un precedente alarmante. Además, evidencia la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas dentro del propio organismo electoral.
Finalmente, el esclarecimiento de estos hechos será determinante para deslindar responsabilidades administrativas y penales. La ciudadanía y los trabajadores exigen que se erradiquen estas prácticas arbitrarias. Por consiguiente, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes en las próximas semanas.
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