Elementos ministeriales ejecutaron una orden judicial donde la FGR cateó oficinas del INE ubicadas en Periférico Sur.
Elementos de la Fiscalía General de la República ejecutaron una inspección ministerial la mañana del pasado 11 de noviembre en instalaciones administrativas del Instituto Nacional Electoral ubicadas al sur de la Ciudad de México; mediante esta diligencia judicial desarrollada en la Torre Zafiro de la colonia Jardines del Pedregal, la FGR cateó oficinas del INE para recabar evidencias vinculadas con una presunta red de corrupción atribuida a la expresidenta del organismo comicial, Guadalupe Taddei.
Áreas inspeccionadas y fiscalías participantes
De acuerdo con información difundida por el diario La Jornada, el operativo estuvo a cargo de agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en estrecha coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. La intervención se concentró específicamente en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, área perteneciente a la Dirección Ejecutiva de Administración ubicada en Periférico Sur 4124; bajo este despliegue ministerial, la FGR cateó oficinas del INE marcando la primera diligencia presencial de este tipo dentro de la carpeta de investigación.
Vínculos de exfuncionarios con contratistas
El área administrativa intervenida era encabezada hasta el pasado 27 de octubre por Mario Alfonso Burciaga Esparza,exdirectivo que presentó su renuncia tras verse involucrado en grabaciones comprometedoras. El exservidor público figura en los videos difundidos donde aparece compartiendo cenas junto a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei y el empresario contratista José Alfredo Hernández Casillas; ante estos indicios documentales, la FGR cateó oficinas del INE buscando rastrear los contratos asignados irregularmente durante dicha gestión administrativa.
Denuncias penales y delitos imputados
La actuación ministerial responde al seguimiento de seis denuncias formales interpuestas por el propio órgano electoral ante el Ministerio Público federal contra diversos funcionarios y exfuncionarios implicados en la trama. Entre los ilícitos señalados en las querellas destacan uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documento falso, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho; de este modo, la FGR cateó oficinas del INE para fortalecer las indagatorias y deslindar las responsabilidades penales correspondientes.
