La FGR ejecutó la orden de aprehensión contra el exgobernador Chihuahua por lavado de dinero
Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de César ‘N’, exgobernador de Chihuahua, la tarde de este lunes mediante un comunicado oficial. La dependencia federal acusa al exmandatario de ser probablemente responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y desvío de recursos públicos. La aprehensión se realizó en el estado de Chihuahua, dando cumplimiento a una orden judicial que había sido emitida el 16 de mayo de 2024. Dicha orden provino del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
Delito federal adicional y antecedentes
La FGR señala que los hechos que son materia de investigación en contra de César ‘N’ se centran en su probable participación, cuando fungía como servidor público en Chihuahua, en un complejo esquema de lavado de dinero. En esta operación ilegal, el exgobernador supuestamente buscó ocultar recursos de origen ilícito que fueron desviados de las arcas estatales; asimismo, para lograrlo, utilizó el Sistema Financiero Mexicano. Previamente, César ‘N’ había sido detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y posteriormente fue extraditado a México el 2 de junio de 2022. La extradición se concretó por cargos de peculado y asociación delictuosa, cuya investigación está siendo tramitada por la Fiscalía local de Chihuahua.
Autorización para nuevo proceso
Las autoridades federales tramitaron ante el Gobierno de los Estados Unidos una solicitud de autorización específica para procesar al exgobernador por un ilícito diferente a los de peculado y asociación delictuosa, que eran los cargos originales de la extradición. Este requerimiento se gestionó el 4 de octubre de 2024. Por consiguiente, la autorización para poder procesarlo por el delito de lavado de dinero quedó concedida el 4 de diciembre de 2025. El boletín de la FGR enfatiza que Duarte Jáquez es considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.
