Automovilistas que presenciaron el suceso alertaron a las autoridades, lo que movilizó a los cuerpos de emergencias y paramédicos.

“Nosotros sustentamos, que si bien estamos respetando en la Ley de Movilidad, el hecho de que la contratación sea entre particulares, es imposible que ante estos particulares no exista la mínima regulación”, expresó.

Esta agresión fue captada en video por parte de unos turistas que además solicitaron la ayuda de elementos de la Policía Turística, quienes no llegaron al lugar.

Leobardo Rojas, dirigente estatal de esta asociación, recordó que recurrirá a esta instancia federal, luego que el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) le negara el registro al PRD por no cumplir con el porcentaje mínimo del 3 por ciento de la votación en el pasado proceso electoral local.

“El abandono que tuvo el presidente estatal aquí en el municipio es algo que no compartimos y por eso nos vamos. Definitivamente, siempre estuvimos marginados. Nos visitaron una vez, quizá dos veces; pero hasta ahí. El municipio no les significa políticamente nada”, añadió.

El Juzgado Quinto de Distrito, con sede en Cancún, resolvió a favor de Uber en el juicio de amparo 530/2023-VII el 15 de noviembre de 2024. Sin embargo, el juez enfatizó que el servicio ofrecido a través de plataformas digitales no puede ser tratado de la misma manera que el transporte público.

Fue alrededor de la 1 de la tarde cuando vecinos de esta zona reportaron la presencia de un perro que lanzaba ladridos al interior del cenote.

Según Bezaleel, el verano fue particularmente bajo en términos de afluencia turística, lo que repercutió en la actividad de los restaurantes en las zonas más populares del estado.

La vinculación a proceso fue dictada por un juez, quien decidió imponer a Rosendo “N” la medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de dos años, tiempo durante el cual se llevará a cabo el proceso judicial.

Un tribunal declaró inconstitucional la normativa que pretendía regular las operaciones de la empresa, argumentando que interfería en los acuerdos entre particulares y afectaba directamente a los conductores que dependen de la plataforma para su sustento.