El actor promovió un amparo que frena la ejecución de una orden de aprehensión por hechos presuntamente ocurridos en abril.
Por Agenda QR. -La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició un proceso penal contra el actor Vadhir N por el delito de agresión sexual. La investigación responde a una denuncia presentada por hechos presuntamente ocurridos en abril de 2026 dentro de la alcaldía Coyoacán. En consecuencia, un juez emitió un mandamiento judicial para lograr la comparecencia del señalado.
Sin embargo, el equipo legal del imputado tramitó un juicio de amparo para suspender la ejecución de la orden de aprehensión. Esta medida de protección constitucional permite que el actor afronte el procedimiento legal en libertad provisional. Por lo tanto, la autoridad judicial deberá citarlo formalmente a una audiencia inicial sin recurrir a su detención cautelar.
Notificaciones de la Fiscalía e intentos de citación
La dependencia fiscal aclaró que la suspensión otorgada no concluye las indagatorias ni exime al señalado de responder ante los tribunales. A pesar de que los representantes legales expresaron apertura para colaborar, el actor no ha acudido a las instalaciones ministeriales. Por esta razón, el personal de la fiscalía ha buscado concretar las notificaciones formales en diversas ubicaciones capitalinas.
Las autoridades judiciales realizaron al menos siete diligencias de citación presencial en seis domicilios registrados a su nombre. No obstante, los notificadores no han logrado entregar los requerimientos oficiales en ninguna de las direcciones inspeccionadas. De este modo, la fiscalía mantiene las acciones de búsqueda para integrar la carpeta correspondiente.
Marco normativo y marco de sanciones probables
El Código Penal para el Distrito Federal contempla responsabilidades severas para los delitos de carácter sexual cometidos en la capital. El artículo 174 de dicha norma sanciona la violación con penas de seis a 17 años de prisión. La eventual aplicación de este castigo dependerá del desahogo de pruebas y de la sentencia firme de un tribunal.
Actualmente, las autoridades ministeriales continúan recabando elementos probatorios para sostener la acusación en las etapas posteriores del juicio. En conclusión, el procedimiento penal continuará su cauce conforme a los plazos previstos en la ley.
