La filtración expone órdenes para adjudicar mil 100 millones de pesos a empresas y desata exigencias de juicio político contra la funcionaria.
Por Agenda QR. -La difusión de una nueva grabación de audio involucra a la pareja sentimental de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, en la gestión irregular de adjudicaciones presupuestales. El material sonoro revela instrucciones explícitas para direccionar licitaciones públicas por un valor de mil 100 millones de pesos hacia las empresas Gráficos Corona y Veridos. Por consiguiente, la revelación intensifica el escrutinio sobre la integridad operativa del órgano electoral.
De acuerdo con las grabaciones divulgadas, el sujeto afirma que las decisiones de contratación deben acatarse por indicación directa suya. Esta filtración se suma a los metrajes previos que exhiben al contratista José Alfredo Hernández Casillas en viajes de lujo en París junto al hijo de la titular del instituto, Jorge Francisco Piñeda Taddei. De este modo, la controversia por presuntos conflictos de interés escala en el ámbito político nacional.
Presiones legislativas y solicitudes de juicio político
En consecuencia, diversos actores políticos y legisladores han solicitado la dimisión inmediata de Guadalupe Taddei al frente del INE. Asimismo, plantean iniciar un procedimiento formal de juicio político en la Cámara de Diputados para deslindar responsabilidades administrativas y penales. La oposición sostiene que las pruebas comprometen la autonomía e imparcialidad del arbitraje electoral.
Por otro lado, la controversia salpica a las empresas Gráficos Corona y Veridos, señaladas por beneficiarse de asignaciones directas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen expedientes abiertos sobre la red de proveedores vinculada a la administración del órgano electoral. Por lo tanto, los órganos fiscalizadores revisan la legalidad de los convenios suscritos por el organismo.
Fricciones internas y negativa a dejar el cargo
No obstante, pese a las crecientes acusaciones y los llamados a su destitución, la consejera presidenta ha rechazado renunciar a su encargo constitucional. En reuniones privadas con los integrantes del Consejo General, la funcionaria calificó los señalamientos como una estrategia de embestida política. Por esta razón, el ambiente dentro del máximo órgano electoral refleja una profunda división institucional.
Actualmente, las comisiones del Poder Legislativo evalúan los elementos de prueba para definir si procede una acción legal o juicio de procedencia. En conclusión, el caso coloca en crisis la credibilidad de la presidencia del instituto electoral.
