La administración Trump reactivó las deportaciones masivas expeditas para 750 mil migrantes que ingresaron por razones humanitarias.
Por Agenda QR
La administración del presidente Donald Trump sumó a su lista de objetivos prioritarios a cerca de 750 mil migrantes para aplicarles deportaciones masivas expeditas. La medida afecta directamente a personas que habían recibido autorización previa para ingresar a Estados Unidos bajo esquemas humanitarios. Entre las causales contempladas en dichos permisos figuraban emergencias médicas graves y el huir de la persecución ejercida por grupos del crimen organizado.
Cancelación del programa humanitario y fallos judiciales
El gobierno federal eliminó de forma drástica la protección legal que resguardaba de la expulsión a quienes ingresaron al territorio estadounidense entre los años 2020 y 2024. Aunque la autoridad migratoria desglosa pocas cifras públicas sobre las nacionalidades afectadas, el grupo incluye a miles de mexicanos que escaparon de la violencia en estados como Guerrero y Michoacán.
Recientemente, una corte de apelaciones respaldó la determinación del Poder Ejecutivo al refrendar una orden emitida el año pasado para acelerar los juicios. Gracias a este fallo judicial, los tribunales de migración comenzaron a implementar “audiencias colectivas” para resolver simultáneamente hasta 50 expedientes por sesión. Bajo este formato acelerado, los solicitantes ya no tienen permitido presentar nuevas evidencias documentales para defender su permanencia legal.
Impacto de las deportaciones masivas expeditas en solicitantes de asilo
El mecanismo de libertad condicional humanitaria se concibió originalmente para auxiliar a familias varadas indefinidamente en la frontera mexicana bajo el programa “Quédate en México”. La medida permitía cruzar legalmente por periodos renovables de dos años a quienes contaran con pasaporte vigente y un patrocinador económico. El objetivo principal de los beneficiarios consistía en ingresar a la Unión Americana para tramitar formalmente una solicitud de asilo político.
Sin embargo, el colapso operativo en los juzgados migratorios provocó que únicamente una fracción mínima de las solicitudes lograra procesarse a tiempo. La cancelación del programa ocurrió el mismo día en que Donald Trump asumió nuevamente la Presidencia de la República. Aunque un juez federal frenó inicialmente la suspensión, la corte de apelaciones inclinó la balanza a favor del Ejecutivo para ejecutar las deportaciones masivas expeditas.
Excepciones y grupos afectados por la medida migratoria
La reactivación de estas expulsiones incluye también a cuotas diarias de ciudadanos originarios de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Alrededor de 30 mil personas de esas nacionalidades ingresaban mensualmente bajo criterios especiales de asistencia. No obstante, la actual postura de la Casa Blanca considera que dichos permisos temporales carecen de validez frente a las nuevas directrices de seguridad nacional.
Por otro lado, la gran mayoría de los migrantes cubanos logrará evitar el proceso de expulsión acelerada gracias a normativas históricas de su país. Dicha legislación les otorga el beneficio exclusivo de solicitar la residencia permanente al cumplir un año y un día de estancia continua. En contraste, el resto de las comunidades latinoamericanas enfrenta un panorama incierto ante el inminente inicio de las repatriaciones forzadas.
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