El embajador Roberto Lazzeri confirmó al diario Politico que el proceso contra Rocha Moya avanzará en cuanto Washington complete los expedientes correspondientes
El embajador de México en los Estados Unidos, Roberto Lazzeri, afirmó formalmente que la administración federal procederá sin titubeos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, una vez que la contraparte norteamericana integre los elementos probatorios requeridos para el juicio correspondiente. Durante una entrevista concedida al medio digital estadounidense Politico, el diplomático mexicano ratificó el compromiso absoluto del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la legalidad internacional. El Departamento de Justicia de la Unión Americana solicitó desde el pasado mes de abril la captura provisional con fines de extradición de diez exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con la delincuencia organizada; por lo tanto, la cancillería mexicana realiza las evaluaciones técnicas previas de dichas peticiones.
Debido proceso y tensiones diplomáticas
La divulgación anticipada de los cargos penales por parte de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York generó un extrañamiento formal por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mediante un oficio emitido el 30 de abril de 2026, las autoridades mexicanas recriminaron a la delegación estadounidense la filtración de datos sensibles en materia de procuración de justicia. Para la cancillería, el actuar neoyorquino incurrió en una abierta contradicción interna; asimismo, vulneró los convenios internacionales de confidencialidad que el propio gobierno norteamericano había exigido previamente a México. Adicionalmente, el embajador Lazzeri puntualizó que incidentes fronterizos diversos, como el deceso de dos miembros de la CIA en el estado de Chihuahua, deben evaluarse bajo el estricto marco de la Ley de Seguridad Nacional vigente.
Estatus legal del caso Sinaloa
Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró durante su conferencia matutina del martes 14 de julio que la Casa Blanca no ha transferido ningún elemento probatorio concluyente hasta la fecha actual. La jefa del Ejecutivo Federal desmintió de forma categórica que el Estado mexicano enfrente una fecha límite de 60 días naturales para resolver la situación jurídica del mandatario sinaloense con licencia. La mandataria federal argumentó con solidez que las solicitudes iniciales provinieron de una oficina interna del Departamento de Justicia sin el sustento legal ordinario. En consecuencia, el trámite institucional se mantiene catalogado bajo un estatus de revisión puramente administrativa hasta que las instancias norteamericanas subsanen las omisiones de la carga de la prueba.
Cooperación y diferendos pendientes
El panorama bilateral arrastra otras fricciones complejas derivadas de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López ocurrida a mediados de 2024. El gobierno mexicano ha cuestionado abiertamente las declaraciones del exembajador Ken Salazar tras revelarse que el Buró Federal de Investigaciones exhibe públicamente la aeronave de dicho traslado como un logro operativo propio. A pesar de que el exdiplomático y el exfiscal Merrick Garland emitieron cartas deslindando a la administración de Joe Biden de haber violado la soberanía nacional, las dudas persisten en el gabinete mexicano. Finalmente, las mesas de trabajo binacionales continuarán desahogando las más de 200 solicitudes de extradición mutuas que avanzan cotidianamente bajo el amparo de los tratados bilaterales suscritos.
