El Partido del Trabajo respaldó las declaraciones de su representante estatal ante lo que consideran una campaña de difamación política y mediática
Tijuana, Baja California. El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, desmintió categóricamente tener alguna participación en los encuentros que sostuvo la mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, con corporaciones de seguridad de los Estados Unidos; por lo tanto, el ahora comisionado político atribuyó estas acusaciones a una estrategia de distracción gubernamental. Mediante un posicionamiento oficial difundido por el Partido del Trabajo, el exmandatario bajacaliforniano rechazó haber colaborado en asesorías externas, reuniones de planeación o en la posterior filtración de materiales de audio relacionados con la gestión de la gobernadora en turno. El político calificó las imputaciones en su contra como un intento desesperado por desviar la atención pública de un asunto de seguridad nacional.
Confrontación y contradicciones políticas
La pugna entre ambos personajes de la esfera pública fronteriza ha escalado de manera notable durante los últimos meses debido a las constantes denuncias de irregularidades administrativas interpuestas por el senador petista. En su mensaje a la opinión pública, el exgobernador calificó de absurdo el supuesto de que una administración estatal con la que mantiene un antagonismo frontal busque su colaboración para sortear investigaciones internacionales. De igual forma, Bonilla Valdez evidenció los constantes cambios de versiones oficiales por parte del Ejecutivo local tras difundirse las primeras conversaciones grabadas, señalando que el gobierno estatal recurre de forma sistemática a su figura como un distractor idóneo para evadir responsabilidades de carácter legal.
Exigencia de transparencia fronteriza
El conflicto ha provocado un intenso debate legislativo y social en la entidad debido a las condiciones en las que se llevaron a cabo las reuniones bilaterales en territorio estadounidense. Ante este escenario de incertidumbre, el exmandatario urgió a la gobernadora a esclarecer bajo qué términos jurídicos y mediante qué permisos especiales ingresó al país vecino sin contar con el visado oficial requerido por las leyes migratorias. Mientras la crisis en Baja California continúa acaparando las portadas informativas, los partidos de oposición exigen auditorías detalladas sobre los lazos de cooperación del actual gobierno. Las próximas semanas serán determinantes para definir el impacto de las filtraciones en la estabilidad institucional del estado norteño.
