Claudia Sheinbaum afirmó que EE. UU. no tiene un plazo legal fijo para entregar las pruebas contra mexicanos acusados de narcotráfico.
Por Agenda QR
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró la situación jurídica sobre las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria negó rotundamente que exista un plazo legal definido para que Washington entregue las evidencias correspondientes. Esta postura surge tras los señalamientos hacia 10 ciudadanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La naturaleza de la solicitud estadounidense
De acuerdo con la jefa del Ejecutivo, la petición enviada por las autoridades del país vecino no constituye un juicio formalizado. En realidad, el documento recibido representa únicamente una solicitud de detención urgente con fines de extradición. Por lo tanto, el marco jurídico internacional no establece tiempos obligatorios para la recepción de los expedientes acusatorios en esta etapa temprana.
“No hay plazo, no hay plazo. Habría plazos si fuera un juicio formal de extradición”, declaró firmemente la mandataria ante los medios. En consecuencia, el gobierno mexicano mantiene una postura de cautela y espera antes de ejecutar cualquier orden de captura.
El Gobierno Federal exige pruebas contra mexicanos
La presidenta Sheinbaum insistió en que las agencias norteamericanas aún no han proporcionado los elementos necesarios para proceder legalmente. Por esta razón, el Estado mexicano no puede realizar detenciones sin un sustento jurídico sólido y plenamente verificado. Adicionalmente, la mandataria explicó que el país tiene la facultad legal de rechazar la petición si no se subsanan estas omisiones informativas.
Por consiguiente, si la administración estadounidense no envía las pruebas contra mexicanos señalados, el trámite urgente podría quedar sin efecto. No obstante, Washington todavía conserva la alternativa de iniciar un juicio ordinario de extradición. Si optan por esta vía, el Departamento de Justicia sí estará obligado a exhibir expedientes robustos ante los tribunales correspondientes.
García Harfuch descarta resguardo especial
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, abordó los rumores sobre la seguridad de los implicados. El funcionario rechazó de forma categórica que la federación brinde protección especial o escoltas al exgobernador sinaloense Rubén Rocha Moya. De igual manera, aclaró que el político no ha requerido ningún apoyo al Gabinete de Seguridad nacional.
Cualquier dispositivo de seguridad que resguarde al mandatario con licencia proviene exclusivamente de corporaciones policiales del estado de Sinaloa. Asimismo, García Harfuch amplió esta precisión al resto de las personas que aparecen en la lista del Departamento de Justicia.
El futuro de las pruebas contra mexicanos y la extradición
Ninguno de los señalados cuenta con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina o la Fiscalía General de la República. Además, las autoridades confirmaron que ningún implicado se ha acercado al gobierno federal para solicitar medidas cautelares de protección personal.
Finalmente, el desarrollo del caso dependerá por completo de los documentos que envíe el gobierno de Estados Unidos en los próximos meses. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República continuará con sus propias líneas de investigación de manera autónoma. De este modo, México reitera que actuará bajo el estricto cumplimiento de la ley y el respeto a la soberanía nacional.
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