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Enfrentan extranjero proceso por trata de personas en su modalidad de prostitución en Cancún

Un Juez de Control vinculó a proceso a una mujer cubana y un hombre argentino acusados de trata de personas en su modalidad de prostitución.

Un Juez dictó vinculación a proceso contra dos personas acusadas de trata de personas en su modalidad de prostitución y explotación.

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Un Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso penal en contra de un hombre y una mujer por su probable participación en hechos delictivos de carácter transnacional. La Fiscalía General del Estado, por medio de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata de Personas, aportó los datos de prueba contundentes para acreditar la posible responsabilidad de los imputados en la comisión del ilícito. De acuerdo con las carpetas de investigación vigentes, ambos señalados enfrentan cargos graves por el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena y explotación sexual. Las conductas delictivas se realizaron en agravio directo de seis mujeres de identidad reservada, quienes ya reciben asistencia integral.

Detención de extranjeros y rescate de las víctimas

Los imputados en este caso quedaron identificados oficialmente bajo los nombres de Elvia de Caridad “N”, de nacionalidad cubana, y Agustín “N”, originario de Argentina. Ambos ciudadanos extranjeros fueron detenidos por elementos de la Policía de Investigación durante el cumplimiento de una orden de cateo obsequiada por la autoridad judicial para inspeccionar un domicilio particular. Durante la incursión táctica en el inmueble, los agentes participantes ubicaron a dos mujeres de nacionalidad mexicana, dos originarias de Paraguay y dos procedentes de Venezuela. Por lo tanto, el personal ministerial procedió de inmediato al resguardo de las afectadas, quienes figuraban como presuntas víctimas del ilícito mencionado.

El modus operandi de la red criminal desarticulada

Las primeras indagatorias realizadas por las autoridades policiacas señalan que los imputados implementaban una estrategia específica para captar a mujeres que se encontraban en una marcada situación de vulnerabilidad económica. Consecuentemente, los presuntos tratantes les ofrecían trasladarlas de forma ilegal a este municipio con la falsa promesa de colocarlas en empleos muy bien remunerados dentro del pujante sector turístico local. Sin embargo, al llegar al destino, los administradores las obligaban a ofrecer servicios sexuales comerciales bajo amenazas constantes. Para comercializar estas actividades forzadas, los detenidos creaban catálogos digitales con fotografías de las mujeres en lencería, desnudas y en poses sugestivas, utilizando pseudónimos informáticos y diversos números telefónicos corporativos.

Tarifas y cobros excesivos por la explotación sexual

El esquema financiero operado por la pareja delictiva generaba ganancias considerables mediante la explotación de los cuerpos de las afectadas en la zona turística. Por cada servicio sexual brindado, los clientes pagaban tarifas obligatorias que oscilaban entre los 2 mil 500 y los 7 mil pesos en moneda nacional. De estas sumas de dinero, el 50 por ciento era entregado directamente a los encargados del negocio ilícito, mientras que el porcentaje restante se asignaba formalmente a las trabajadoras. No obstante, las víctimas debían realizar pagos adicionales forzosos por conceptos de traslados vehiculares y publicaciones web de sus perfiles, así como para abonar a una deuda ficticia generada por sus pasajes aéreos.

Prisión preventiva impuesta ante la trata de personas en su modalidad de prostitución

Luego de evaluar la gravedad de la acusación de trata de personas en su modalidad de prostitución, el juzgador determinó abrir la etapa de investigación complementaria. Por esta razón, el Juez de Control decretó de manera oficial que los dos extranjeros procesados pasarán dos años bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el centro de retención correspondiente. Este periodo de reclusión obligatorio durará el tiempo exacto en el que se desarrolle por completo el proceso judicial hasta dictar una sentencia definitiva. Las dependencias correspondientes continuarán cruzando información con las embajadas para verificar el estatus migratorio de los involucrados en el territorio nacional.

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