El Gobierno federal expulsó a Alejandro Ojeda Ávila, piloto de El Mayo Zambada, omitiendo juicios y carpetas abiertas en el país.
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El Gobierno federal concretó la entrega a las autoridades de Estados Unidos de un actor clave en las operaciones aéreas del Cártel de Sinaloa. La administración federal expulsó del territorio nacional a Alejandro Ojeda Ávila, alias “El Jando”, quien presuntamente coordinó el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a suelo estadounidense. Esta polémica determinación administrativa ocurrió a pesar de que el implicado contaba con una sentencia previa y cuatro carpetas de investigación activas en México.
FGR descubre la verdadera identidad del piloto aviador
La Fiscalía General de la República detectó la verdadera identidad del colaborador de “Los Chapitos” mediante un cruce de datos periciales. Los especialistas del organismo judicial compararon los lofogramas en la Base de Datos del Registro de Huellas Dactilares del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De esta manera, las autoridades descubrieron que el detenido usurpaba el nombre de su primo, Mauro Alberto Núñez Ojeda, para evadir la acción de la justicia mexicana.
Por consiguiente, el Ministerio Público de la Federación solicitó formalmente al Instituto Nacional Electoral el expediente del sospechoso a finales de marzo de 2025. Las huellas dactilares confirmaron plenamente que el verdadero nombre del piloto era Alejandro Ojeda Ávila. El reporte oficial identificó además que el imputado enfrentaba múltiples indagatorias penales, sumado a un proceso penal del año 2016 por portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército.
Captura en Culiacán y vínculos con grupos delictivos
Las Fuerzas Federales arrestaron al piloto durante un fuerte operativo de seguridad en la comunidad de Jesús María, perteneciente al municipio de Culiacán. En este enfrentamiento armado perdió la vida un integrante de la Guardia Nacional antes de que los oficiales lograran someter al presunto criminal. Los uniformados le aseguraron un arma de fuego de grueso calibre y una mochila táctica mientras intentaba ocultarse en una vivienda.
Las investigaciones de inteligencia militar señalan que Alejandro Ojeda Ávila intentó organizar el rescate de Ovidio Guzmán López tras su captura en 2023. Adicionalmente, las dependencias de seguridad del país lo vinculan con diversos ataques con artefactos explosivos registrados en el estado de Durango. El piloto también asumió el control de los traslados aéreos personales de Iván Archivaldo Guzmán tras la ejecución de su anterior jefe de seguridad en la capital del país.
Entrega directa a las autoridades de Estados Unidos
El piloto aviador formó parte de un grupo de 26 presuntos delincuentes que el gobierno mexicano entregó a Washington en agosto de 2025. La entrega de Alejandro Ojeda Ávila se procesó mediante una polémica figura de expulsión directa en lugar de desahogar el juicio de extradición correspondiente. Este mecanismo administrativo generó serios cuestionamientos legales debido a que el sospechoso mantenía cuentas pendientes con las leyes y tribunales mexicanos.
Recientemente, el acusado aceptó su responsabilidad penal ante la Corte Federal del Distrito de Columbia tras declararse culpable del delito de conspiración internacional. Mediante un acuerdo conjunto de hechos, el detenido admitió haber transportado cargamentos de cocaína, armamento y personal del Cártel de Sinaloa. Sus operaciones de vuelo abarcaban rutas clandestinas que conectaban a México con destinos en Estados Unidos, Costa Rica y Ecuador.
Confusiones oficiales sobre el rol del acusado
El manejo de este caso por parte de la administración federal evidenció notables inconsistencias de coordinación entre las dependencias de seguridad nacionales. Inicialmente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana catalogó al piloto como el principal operador de confianza de la organización sinaloense. Sin embargo, la propia dependencia federal emitió horas después una aclaración pública donde negaba su vinculación directa con el secuestro de Zambada.
La Fiscalía General de la República tampoco mostraba certeza absoluta sobre los datos generales del piloto antes de su proceso de declaración de culpabilidad. El organismo judicial tramitó las primeras solicitudes ante los órganos electorales utilizando únicamente la clave de elector y CURP de su primo. En conclusión, la entrega sin juicio del operador de aeronaves deja en el aire el destino de los procesos penales pendientes en el territorio nacional.
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