Personal jurídico y empleados proceden a que liberan bares asegurados tras la orden emitida por la autoridad judicial en el municipio
Felipe Carrillo Puerto, QR. Tras un exhaustivo proceso legal encabezado por un despacho jurídico especializado, la Fiscalía General del Estado se vio obligada a retirar los sellos de aseguramiento que pesaban sobre dos centros nocturnos en Felipe Carrillo Puerto. Esta resolución judicial surge a raíz de que la autoridad ministerial carecía de fundamentos vigentes para mantener la restricción sobre dichos inmuebles, toda vez que las diligencias correspondientes ya habían concluido formalmente. Las propiedades habían permanecido inactivas a pesar de que los procedimientos de investigación terminaron previamente; por lo tanto, la defensa legal demostró que la continuidad de la medida precautoria resultaba infundada y afectaba los derechos de los propietarios.
Fin del aseguramiento legal
Los establecimientos fueron intervenidos originalmente bajo la sospecha de presuntas actividades relacionadas con la trata de personas en su interior, sin embargo, las pesquisas no arrojaron elementos suficientes para prolongar el cierre. El primer inmueble se localiza específicamente sobre la calle 77, entre los cruces de las vialidades 78 y 80, dentro de la colonia Jesús Martínez Ross de esta cabecera municipal. Por su parte, la segunda propiedad liberada se ubica en la calle 76, situada entre las calles 63 y 61 de la colonia Francisco May, donde el personal ya realizó el retiro físico de las fajillas oficiales de la institución.
Retiro de sellos oficiales
De esta manera, se anticipa que ambos negocios retomarán sus operaciones comerciales en el corto plazo tras haber superado el obstáculo jurídico que impedía su funcionamiento habitual. No obstante, este caso pone de relieve una problemática recurrente en la entidad, ya que la Fiscalía General del Estado mantiene diversos locales asegurados bajo condiciones similares en puntos estratégicos. Municipios como Tulum y Playa del Carmen registran situaciones donde los inmuebles permanecen confiscados durante años; en consecuencia, los dueños enfrentan la imposibilidad de aprovechar sus instalaciones a pesar del cese de las investigaciones activas.
