Cancún, Q.Roo.- La Cámara de Diputados de México aprobó en lo general y particular, con 343 votos a favor, 129 en contra y ninguna abstención, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Este importante dictamen, que se envió al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, marca un hito. La aprobación, lograda tras un debate que se extendió por casi diez horas el 1 de julio de 2025, ha generado considerable controversia.
Mientras la oposición la denomina “ley censura”, debido a serias preocupaciones sobre la libertad de expresión, el gobierno la defiende. Afirma que es una medida esencial para democratizar el acceso a la información en todo el país.
Contexto y proceso de aprobación
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada inicialmente en el Senado con 77 votos a favor y 30 en contra. Posteriormente, se remitió a la Cámara de Diputados para su revisión final, cumpliendo el plazo establecido el 1 de julio de 2025. La votación en lo general contó con 369 votos a favor de Morena, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano.
En contraste, hubo 104 votos en contra de PRI y PAN. En lo particular, Movimiento Ciudadano expresó su apoyo al dictamen, a pesar de algunos votos individuales en contra. Esta ley de telecomunicaciones abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, representando un cambio significativo en el marco regulatorio nacional. Su objetivo principal es garantizar acceso a internet para más de 15 millones de mexicanos sin conectividad, especialmente en áreas marginadas.
Además, busca fortalecer los medios comunitarios, incluyendo aquellos operados por indígenas y afromexicanos, otorgándoles acceso al espectro radioeléctrico y la capacidad de vender publicidad.
Cambios clave en la ley de telecomunicaciones
La nueva ley de telecomunicaciones incorpora seis modificaciones significativas a la iniciativa original, suavizando aspectos previamente polémicos. Primero, se eliminó el artículo 109, quitando la facultad de bloquear plataformas digitales y, por consiguiente, eliminando riesgos de censura previa.
Segundo, se estableció la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) con cinco comisionados, propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, en lugar de una agencia unipersonal.
Tercero, se limitó la censura de contenidos extranjeros al eliminar permisos previos para información del exterior, protegiendo la libertad de expresión y el derecho a la información, aunque permitiendo solo contenido cultural, turístico o deportivo.
Cuarto, se restringió la censura inmediata, pues se requiere un apercibimiento previo para suspender transmisiones, limitando así suspensiones arbitrarias.
Quinto, se recuperaron derechos de audiencias, reforzando mecanismos de defensa, incluyendo códigos de ética y diferenciación entre noticias y opiniones, además de avanzar en inclusión para personas con discapacidad.
Finalmente, la decisión sobre el desbloqueo automático de dispositivos será definida por la comisión, buscando evitar impactos negativos en precios o planes de financiamiento.
Controversia y posturas encontradas
La oposición, liderada por PRI y PAN, ha criticado duramente esta ley de telecomunicaciones. El diputado Erubiel Alonso del PRI afirmó que “murió la libertad” y que la ley busca consolidar un régimen de control, vigilancia y censura, utilizando pancartas y un ataúd blanco durante las sesiones para simbolizar su rechazo.
Miguel Monraz del PAN acusó al gobierno de Morena de ser “un gobierno espía, controlador, autoritario y censurador”, destacando riesgos de censura y acceso a información de usuarios sin orden judicial.
Por su parte, Claudia Sheinbaum defendió la ley, asegurando que “no espía ni censura” y que sigue la legislación existente, con intervenciones telefónicas solo por orden judicial.
José Merino, cabeza de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), aclaró que los operadores deben colaborar con autoridades de seguridad mediante mandatos escritos, fundados y motivados, intentando disipar temores de vigilancia arbitraria sobre la reforma aprobada.
Detalles adicionales y objetivos
La ley reconoce las telecomunicaciones y radiodifusión como servicios públicos de interés general, apoyando educación, salud, información y libertad de expresión, con un enfoque multicultural y de derechos humanos. Incluye nuevos mecanismos para la asignación de espectro, como uso compartido y pruebas tecnológicas.
Además, otorga concesiones directas exentas de contribuciones para uso público y social, beneficiando a operadores pequeños con descuentos fiscales en áreas de difícil acceso. Se establece control obligatorio de precios de equipos móviles, supervisado por la CRT, y se asegura accesibilidad para personas con discapacidad.
También redefine reglas para propaganda extranjera, sancionando a medios que difundan contenido político o ideológico de gobiernos extranjeros, permitiendo solo contenido cultural, turístico o deportivo. El proceso incluyó cinco conversaciones públicas en mayo con expertos, concesionarios y sociedad civil, tras una suspensión en abril a petición de Sheinbaum.
Sin embargo, organizaciones como R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales han señalado riesgos para la privacidad y libertad de expresión, especialmente por el acceso a metadatos y geolocalización sin orden judicial. El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumenta que estas disposiciones ya existían en la ley de 2014, aprobada por PRI y PAN.
