Una entrevista exclusiva de Agenda QR con Javier Vite y el Lic. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, revela una alarmante estrategia de vigilancia gubernamental. La nueva Ley de Telecomunicaciones, aprobada por el Senado, junto con otras reformas, conforma una estructura que amenaza la privacidad y la seguridad digital de los ciudadanos. Estas legislaciones, aparentemente inofensivas por separado, concentran un poder preocupante sobre nuestros datos personales.
Un entramado de leyes
Juan Ortiz explicó que la Ley de Telecomunicaciones es parte de un paquete de reformas. Este conjunto incluye también la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Antilavado, la Ley General de Población, la Ley del Sistema de Seguridad Pública y la Ley de Inteligencia. Analizadas en conjunto, estas reformas delinean una estructura de vigilancia muy preocupante. La iniciativa inicial para la Ley de Telecomunicaciones ya había generado alertas. Contenía artículos que permitían el bloqueo de plataformas digitales y una ambigua prohibición de propaganda, además de un registro explícito de usuarios de telefonía móvil.
Registro de usuarios por la puerta trasera
El dictamen aprobado en el Senado eliminó el artículo para bloquear plataformas, sin embargo, mantuvo el registro de usuarios de telefonía. Este registro se implementaría “por la puerta trasera”. Originalmente, el gobierno federal concentraría la información a través de la agencia de telecomunicaciones. Ahora, cada empresa telefónica (Telcel, Movistar, etc.) será responsable de vincular las líneas telefónicas con los datos personales de los usuarios. La falta de este vínculo resultará en la cancelación de la línea, así lo advirtió Ortiz.
La preocupación se intensifica al integrar esto con la Ley del Sistema de Inteligencia. Esta ley permite a la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía, el Ejército y otras instituciones de seguridad y justicia acceder a esta información, y a mucho más. Así, aunque no haya un registro centralizado, las autoridades pueden revisar y acceder a la información que las empresas telefónicas están obligadas a recopilar. Esto crea una estructura de vigilancia concentrada, ya que una ley obliga a las empresas a vincular líneas con nombres. Otra ley permite a las autoridades revisar esa información, lo que genera una preocupación significativa por la privacidad.
Riesgos y falta de contrapesos
El pretexto gubernamental para estas medidas es combatir el delito de extorsión, presuntamente originado en centros penitenciarios. Sin embargo, Ortiz considera esta premisa ingenua, pues asume que los delincuentes se registrarán con sus datos reales. Lo que sí ocurrirá es que millones de personas tendrán sus datos personales vinculados a líneas telefónicas, accesibles a diversos funcionarios. Esto representa una cantidad excesiva de información y poder. La dependencia del “buen criterio” de las autoridades genera inquietud sobre un posible mal uso para espionaje, vigilancia o hackeos. Casos previos, como las “Guacamaya Leaks”, demuestran la vulnerabilidad de la información concentrada.
La falta de un Instituto Nacional de Transparencia o una Suprema Corte imparcial, capaz de proteger el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, agrava la situación. Juan Ortiz alertó que todos los mexicanos están en riesgo de que su información sea vendida al mejor postor. Recordó que un intento previo de registro de usuarios de telefonía durante el gobierno de Felipe Calderón terminó con la venta de la base de datos en el mercado negro. El riesgo es alto, pues una vez expuestos, datos como domicilios, patrimonio o información financiera son casi imposibles de cambiar. Esta concentración de poder sin contrapesos claros puede incentivar la corrupción, comprometiendo la seguridad digital.
