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Los maestros de Quintana Roo han decidido suspender clases el próximo miércoles 26 de febrero para llevar a cabo una mega marcha en Chetumal, en respuesta a la nueva reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta decisión, que afectará a más de 411,000 alumnos, refleja la creciente indignación en el sector educativo por la percepción de que la reforma perjudicará sus condiciones laborales y económicas.

La movilización se enmarca en una serie de protestas que comenzaron el pasado fin de semana, cuando miles de educadores y trabajadores afiliados al ISSSTE marcharon pacíficamente en varias localidades, incluyendo Playa del Carmen y Cancún. Durante estas manifestaciones, los docentes expresaron su descontento por los descuentos que se aplicarán a sus salarios para rescatar el ISSSTE, una medida que consideran responsabilidad del Estado y de los patrones que han dejado caer esta institución.

Sergio Acosta Manzanero, vicepresidente nacional de la Asociación de Padres de Familia, subrayó que los maestros buscarán el apoyo de los padres durante reuniones programadas para el 25 de febrero, donde se explicará la razón detrás de la suspensión de clases. Está en juego el bienestar de los educadores, quienes exigen volver a la ley anterior a 2007, que les permitía jubilarse tras 30 años de servicio para hombres y 28 para mujeres.

Las autoridades educativas han sido alertadas sobre la inminente suspensión de actividades, lo que podría causar descontento entre los padres de familia que dependen del sistema educativo para la formación de sus hijos. La presión sobre el gobierno de Sheinbaum aumenta, ya que los docentes no solo están luchando por sus derechos, sino también por un sistema educativo que consideran justo y sostenible.

Este episodio es solo un capítulo más en la lucha histórica de los trabajadores de la educación en México, quienes enfrentan desafíos constantes en un entorno donde las reformas pueden alterar significativamente sus condiciones de vida. La respuesta a esta crisis depende de la capacidad del Gobierno para escuchar las demandas de los maestros y de atender las necesidades del sistema educativo en su conjunto.

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