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En una sesión marcada por el desorden y las protestas, el Senado de México aprobó la reforma de “supremacía constitucional” con 85 votos a favor y 41 en contra. Esta iniciativa, impulsada por el partido Morena, busca limitar el acceso a recursos legales contra reformas constitucionales, lo que ha desatado un intenso debate sobre sus implicaciones para el sistema democrático del país. La medida, que incluye la improcedencia del juicio de amparo y la acción de inconstitucionalidad, ha sido calificada por algunos como un paso hacia la concentración de poder.

La reforma, presentada por senadores prominentes como Adán Augusto López y Ricardo Monreal, se centra en proteger las reformas emanadas de la voluntad popular, especialmente aquellas relacionadas con el controvertido “plan C”, que propone elegir jueces mediante voto popular. Durante el debate, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, intentó mantener el orden mientras los senadores de oposición tomaban la tribuna, sosteniendo pancartas que denunciaban el avance hacia una dictadura.

Los críticos de la reforma argumentan que esta medida representa un ataque directo a los derechos ciudadanos al eliminar la posibilidad de impugnar modificaciones constitucionales. La votación se produjo en un ambiente tenso, con senadores de partidos opositores como el PAN y el PRI advirtiendo que la reforma socavaría las garantías individuales y podría llevar a abusos de poder por parte del gobierno.

A pesar de las protestas y el caos en el recinto legislativo, la reforma avanzó rápidamente y fue enviada a la Cámara de Diputados para su consideración. Especialistas advierten que, además de limitar el control judicial, la medida podría comprometer los compromisos de México con los derechos humanos a nivel internacional, generando preocupación en diversos sectores de la sociedad.

Al concluir la sesión, Fernández Noroña agradeció a la oposición por “agilizar” el debate, mientras los detractores de la reforma expresaron su alarma por el rumbo que está tomando el país. La reforma, que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, establece que no procederán recursos legales contra modificaciones constitucionales, lo que podría tener profundos efectos en la estructura del Estado mexicano y en la protección de los derechos de sus ciudadanos.

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