Autoridades judiciales dictaron prisión preventiva a dos sospechosos por participar en la simulación de secuestro en Tenancingo
Estado de México. Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México decretó este lunes la vinculación a proceso de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” por su probable responsabilidad en el delito de simulación de secuestro. La autoridad judicial dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra ambos civiles, concediendo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria tras validar las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Por su parte, la alcaldesa del municipio de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, rechazó categóricamente las acusaciones institucionales e insistió en que fue una verdadera víctima de privación ilegal de la libertad, atribuyendo los señalamientos de la fiscalía a una estrategia de desprestigio y violencia de género.
Acusan desfalco millonario municipal
La línea de investigación de la representación social establece que el esposo de la edil, José Roberto “N”, y su cuñado, Oscar “N”, planearon el ilícito desde febrero pasado para encubrir un quebranto financiero de 40 millones de pesos en la hacienda pública. Según el expediente ministerial, un partícipe confesó que se pretendía cobrar dicha cantidad como rescate para justificar el faltante económico generado en la presente gestión administrativa. Para ejecutar la operación, los sospechosos presuntamente ofrecieron un pago de 500 mil pesos a un individuo llamado Cristian “N”, quien posteriormente involucró a sus familiares ahora procesados. De esta forma, la institución ministerial busca deslindar las responsabilidades financieras y operativas de los involucrados en esta presunta confabulación delictiva.
En diversas entrevistas radiofónicas nacionales con los periodistas Ciro Gómez Leyva y Azucena Uresti, la mandataria municipal negó la existencia de un desfalco y aclaró que no se encuentra prófuga de la justicia junto a su cónyuge. Asimismo, la funcionaria sugirió que la pareja de su hermana podría estar implicada en los hechos debido a que huyó de la localidad de forma repentina la semana pasada.
Evidencian ausencia de violencia
Uno de los elementos probatorios centrales de la fiscalía mexiquense radica en el análisis de las videograbaciones del momento en que se ejecutó el aparente rapto de la servidora pública. Las imágenes analizadas por los peritos demostraron que no existió ningún tipo de sometimiento físico ni resistencia, observándose incluso a un partícipe auxiliar de manera tranquila a la presidenta para abordar el vehículo de escape. Por consiguiente, las autoridades precisaron que, de acuerdo con la legislación vigente en la materia, los particulares investigados podrían alcanzar una penalidad de hasta 16 años de prisión por simulación. Mientras tanto, la funcionaria mexiquense enfrentará su audiencia de formulación de imputación el próximo 9 de julio, en medio de reclamos por violencia de género.
