Tras desmentirse la versión del enfrentamiento, el juez determinó que existen pruebas de un ataque directo a civiles por por parte de los soldados
Culiacán, Sinaloa. Un juez de carácter federal ha determinado iniciar un procedimiento judicial formal contra trece integrantes del Ejército Mexicano, quienes presuntamente participaron en el fallecimiento de dos menores en la zona serrana Leidy y Alexa. Los uniformados enfrentan cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio en perjuicio de otros cuatro miembros de una familia, entre los que se encontraban dos infantes de doce y catorce años que resultaron ilesos tras el ataque. Según la resolución jurídica, existen indicios suficientes para considerar que el personal castrense actuó con ventaja desmedida y sin que mediara una provocación real; por lo tanto, el proceso buscará esclarecer la responsabilidad individual de cada elemento en la agresión ocurrida en la comunidad de La Cieneguilla.
Plazo para justicia
Los acontecimientos que originaron esta determinación legal se suscitaron el pasado 6 de mayo de 2025, cuando las víctimas se desplazaban en una camioneta para cumplir con sus actividades escolares matutinas. De acuerdo con los testimonios recabados, el vehículo civil se encontró con un convoy militar que, sin previo aviso ni comandos de voz para detener la marcha, accionó sus armas de fuego contra los tripulantes. De esta forma, las ráfagas impactaron directamente en la unidad, provocando el deceso instantáneo de Alexa y Leidy; asimismo, el plazo para acreditar estas versiones ha sido fundamental para que el permiso legal de investigar a los soldados se convierta hoy en una vinculación a proceso efectiva.
Versión de soldados
En las etapas iniciales de la indagatoria, circuló una narrativa oficial que intentaba justificar el uso de la fuerza alegando un supuesto combate contra grupos de civiles armados en la región. Sin embargo, las pruebas periciales presentadas ante el juzgador desvirtuaron la existencia de un intercambio de disparos, confirmando que la unidad familiar no portaba armamento ni representaba peligro alguno. Por consiguiente, la hipótesis del fuego cruzado fue desechada por las autoridades competentes; mientras tanto, los sobrevivientes sostuvieron que la agresión fue unilateral y directa contra los civiles. El permiso para portar armas de cargo no justifica, bajo ninguna circunstancia, el ataque a inocentes, marcando así un plazo crítico para la rendición de cuentas institucional.
Confusión del automóvil
La madre de las pequeñas ha sido una voz fundamental en este caso, señalando de forma tajante que el incidente se derivó de un error de identificación por parte de las fuerzas federales. Según sus declaraciones, los militares confundieron el automóvil de la familia con el de presuntos delincuentes y abrieron fuego sin verificar quiénes se encontraban al interior de la cabina. A pesar del dolor, la familia ha utilizado las plataformas digitales para desmentir las versiones oficiales y exigir que se aplique la ley con todo el rigor necesario; de esta manera, el plazo que establezca el juez para el cierre de la investigación complementaria será vital. El permiso de la sociedad para confiar en sus instituciones depende hoy de que el asesinato de Alexa y Leidy no quede en la impunidad total.
