Acusan a Ulises Lara de usar la Fiscalía capitalina para despojar a su hermana de un inmueble en la Ciudad de México.

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Un conflicto del orden familiar escaló a los tribunales penales y a los órganos de control interno de la Ciudad de México. La media hermana de Ulises Lara, identificada como Hilda Lara Guadián, acusó públicamente al exfuncionario de instrumentar una estrategia legal desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para despojarla de una propiedad adquirida legalmente en el año 2013.

Origen del conflicto inmobiliario y señalamientos contra Ulises Lara

De acuerdo con las constancias documentales, en junio de 2013 Hilda Lara y su esposo, Godefroid Pakabomba Muabi, formalizaron la compraventa de un inmueble ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. La transacción se realizó ante un notario público capitalino por un monto de dos millones 100 mil pesos, utilizando parcialmente un crédito otorgado por el Infonavit a favor de la pareja.

Sin embargo, ocho años después de protocolizar la operación, el padre de ambos promovió una demanda para desconocer el acuerdo mercantil. Ante esta situación, la afectada intentó entablar comunicación directa con Ulises Lara, quien en ese momento se desempeñaba como vocero de la institución ministerial y coordinador de asesores de la fiscalía capitalina, sin obtener una respuesta favorable para resolver la controversia.

Posteriormente, las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación por presunto despojo agravado contra la pareja. La defensa de los imputados señala que esta acción penal representó una fabricación de delito impulsada mediante el uso de la estructura institucional, derivando en la vinculación a proceso de los involucrados en el tribunal local.

Denuncias por abuso de poder y resoluciones judiciales

Ante las presuntas irregularidades operativas, la parte afectada presentó denuncias formales ante el Órgano Interno de Control de la propia dependencia ministerial. No obstante, en julio de 2024 la instancia fiscalizadora resolvió archivar el expediente de investigación administrativa argumentando la falta de elementos probatorios suficientes para sancionar a los servidores públicos adscritos.

Por su parte, la representación legal de los acusados recurrió a la justicia federal mediante juicios de amparo para combatir las medidas cautelares dictadas. Como resultado, los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron que las imputaciones presentadas por la fiscalía habían prescrito formalmente conforme a los plazos establecidos en la legislación penal vigente.

En consecuencia, los órganos jurisdiccionales ordenaron revocar la vinculación a proceso y restituir los derechos fundamentales de las personas afectadas. Sin embargo, el litigio continúa activo en diversas instancias judiciales debido a la interposición de nuevos recursos legales promovidos por representantes vinculados a la causa original.

Impacto de los procesos legales en el ámbito público

El caso expone la complejidad de los litigios patrimoniales cuando se involucran figuras con cargos dentro de la administración de justicia. Asimismo, especialistas del ámbito jurídico señalan la importancia de garantizar la imparcialidad en la actuación de los ministerios públicos para evitar cualquier sospecha de conflicto de interés.

Por último, los tribunales competentes deberán resolver en los próximos meses los recursos pendientes para definir la situación jurídica definitiva sobre el inmueble. Mientras tanto, la parte acusadora insiste en mantener las acciones legales necesarias para defender el patrimonio familiar adquirido previamente.

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