Un Tribunal Colegiado revisará la sentencia penal contra Manuel Roberto Farías. Conoce los argumentos de la defensa aquí.
Por Agenda QR
La defensa legal del Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna interpuso formalmente un recurso de revisión contra la sentencia que le negó el amparo constitucional. Este juicio de garantías buscaba combatir de manera directa el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa penal 325/2025. Por lo tanto, un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito asumirá el análisis del caso para resolver la situación jurídica del alto mando. Los abogados defensores sostienen con firmeza que la resolución impugnada incurre en diversas violaciones constitucionales que ameritan su inmediata revocación por la autoridad judicial superior.
Antecedentes judiciales del proceso penal
El origen de este control constitucional se remonta a octubre de 2025, fecha en la que el Juez de Control Mario Martínez Elizondo dictó el auto de vinculación. Posteriormente, el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Jorge Adrián Cruz Flores, determinó negar la protección de la justicia federal el pasado 22 de junio de 2026. En consecuencia, esta última determinación motivó la activación del recurso de revisión que ahora se encuentra en manos del Tribunal Colegiado. A través de este mecanismo, se pretende demostrar que el fallo anterior careció de un análisis constitucional exhaustivo sobre el caso de Manuel Roberto Farías.
Argumentos centrales sobre el fuero militar e individualización
Entre los agravios principales expuestos por los litigantes, destaca el argumento de incompetencia por razón de fuero militar conforme al artículo 13 constitucional. La defensa afirma con claridad que la imputación de la Fiscalía se construye exclusivamente a partir de las funciones desempeñadas por Manuel Roberto Farías dentro de la Secretaría de Marina. Por esta razón, el juzgador de origen penal federal tenía la obligación estricta de analizar si el expediente pertenecía legalmente a la jurisdicción castrense. Asimismo, los litigantes acusan una total falta de individualización de la conducta debido a que no se identifica una orden o instrucción concreta emitida personalmente por el imputado.
Cuestionamientos a las pruebas y constitucionalidad de la ley
El recurso técnico detalla que el Juzgado de Distrito reprodujo de forma idéntica la narrativa ministerial sin comprobar datos de prueba racionales. De igual manera, se señala que la acusación descansa en inferencias, geolocalizaciones y jerarquías institucionales en lugar de presentar pruebas directas sobre los hechos investigados. Los abogados también argumentan que se otorgó un alcance indebido a una carta atribuida a Fernando Rubén Guerrero Alcántar y que se validó erróneamente una responsabilidad penal colectiva. Finalmente, el documento insiste en la inconstitucionalidad del artículo 4, fracción I, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada por violar los principios de taxatividad y seguridad jurídica en perjuicio de Manuel Roberto Farías.
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