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Tribunal ratifica suspensión de multa de casi 8 millones de pesos a Calica

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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha ratificado la suspensión de una multa de 7 millones 985 mil 53 pesos impuesta a la empresa Calica, luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cerrara su operación en 2020 debido a actividades extractivas irregulares en el predio El Corchalito, ubicado en Playa del Carmen. Esta decisión, dictada el 7 de enero de 2025, se produce tras el desechamiento de una apelación presentada por la Profepa, que buscaba revertir la suspensión de la multa, lo que ha suscitado preocupaciones sobre el impacto que esta resolución tendrá en la protección del medio ambiente.

La multa original fue resultado de una clausura que la Profepa impuso a Calica por violaciones a la normativa ambiental, en un contexto donde la empresa ha estado extrayendo material pétreo de una superficie que supera las 2,200 hectáreas. La decisión del tribunal no solo permite a Calica evitar el pago de una suma significativa, sino que también abre la puerta a futuras operaciones en terrenos que han sido objeto de controversia ambiental en los últimos años.

Desde el cierre de El Corchalito, Calica ha emprendido una batalla legal para anular el decreto que establece el Área de Conservación de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto, impuesto por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta área protegida ha limitado las actividades extractivas de la empresa en su propiedad, lo que ha generado un conflicto entre los intereses económicos de la compañía y las necesidades de conservación ambiental en la región.

La resolución del TFJA no solo refleja la vulnerabilidad de la legislación ambiental en México, sino que también plantea interrogantes sobre la efectividad de las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente. La Profepa, que había tomado medidas para frenar las actividades de Calica, enfrenta ahora un revés significativo que podría sentar un precedente peligroso para la gestión de recursos naturales en el país.

A medida que la controversia se desarrolla, el futuro de la conservación ambiental en la región de Playa del Carmen se ve comprometido. La decisión del tribunal podría alentar a otras empresas a desafiar la regulación ambiental, lo que representa un desafío adicional para las autoridades en su esfuerzo por equilibrar el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.

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